@Audioley Leyes, Jurisprudencia y Doctrina Internacional en formato Audiolibro #Podcast

04 Diciembre 2021

  • LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES
    Audio Cortesia de Audio Ley punto Com
    Patrocinan experticias punto com e informatica forense punto com
    Derechos Reservados @ Raymond Orta


    Gaceta Oficial N° 6.645 Extraordinario 17 de septiembre de 2021
    ASAMBLEA NACIONAL
    Ley de Reforma de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y
    Demás Sujetos Procesales.

    LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES
    Capítulo I Disposiciones Generales
    Objeto

    Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto proteger los derechos e intereses de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales, así como regular las medidas de protección, en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimiento.

    Competencia Artículo 2. Son competentes para la aplicación de la presente Ley, el Ministerio Público y los tribunales respectivos.
    Medidas

    Artículo 3. Las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley tienen el deber de instrumentar todo tipo de medidas para el cumplimiento de la misma. Las medidas podrán ser informales, administrativas, judiciales y de cualquier otro carácter en procura de garantizar los derechos de las personas protegidas.
    Destinatarias y destinatarios de la protección

    Artículo 4. Son destinatarias y destinatarios de la protección prevista en esta Ley, todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su intervención actual, futura o eventual, en el proceso penal, por ser víctima directa o indirecta, testigo, experta o experto, funcionaria o funcionario del Ministerio Público o de los órganos de policía, y demás sujetos, principales y secundarios, que intervengan en ese proceso.
    Las medidas de protección pueden extenderse a los familiares, por

    parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y a quienes por su relación inmediata de carácter afectivo, con quienes se señalan en el párrafo anterior, así lo requieran.


    Víctimas Artículo 5. Se consideran víctimas directas, a los efectos de la presente Ley, las personas que individual o colectivamente hayan sufrido cualquier tipo de daños físicos o psicológicos, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente.
    De igual forma, se consideran víctimas indirectas a las y los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
    Víctimas especialmente vulnerables

    Artículo 6. Las ejecutoras o ejecutores de lo dispuesto en la presente Ley deben prestar especial atención a las personas adultas mayores, con discapacidad, niñas, niños y adolescentes y personas víctimas de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar.
    Los pueblos y comunidades indígenas víctimas de delito, individual o
    colectivamente, deben estar protegidos siguiendo sus propias normas de administración de justicia, así como sus diferencias socio-culturales, cosmovisión y patrones de asentamiento sobre las cuales se encuentre la jurisdicción especial indígena que le corresponde. La funcionaria o funcionario que le compete conocer del caso deberá solicitar la opinión de las autoridades propias de estos pueblos y comunidades en base a sus tradiciones ancestrales, así como el respectivo informe socio-antropológico que dé cuenta de la visión intercultural que debe prevalecer y el servicio de intérprete en todo el proceso penal.
  • Ley De Regulación Del Arrendamiento Inmobiliario Para El Uso Comercial en Venezuela
    LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL

    Audio Cortesia de Audio Ley punto Com
    Derechos Reservados Raymond Orta
    experticias punto com y informatica forense punto com
    gaceta oficial punto net
    Gaceta Oficial Nº 40.418 del 23 de mayo de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA
    PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
    DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL

    Buena parte de las actividades económicas que permiten facilitar el acceso de los venezolanos y venezolanas a bienes y servicios se desempeñan en establecimientos adecuados de manera especial para la venta de productos o la prestación del servicio. Estos establecimientos se ubican en inmuebles cuyas características, uso y destino difieren de las que detentan otras edificaciones, como las viviendas y la infraestructura pública.

    Por lo anterior, quienes desempeñan actividades comerciales o de servicios necesitan acceder al sector inmobiliario, cuyo comportamiento es distinto al de los propios sectores comercial, industrial y de servicios. Tradicionalmente, los propietarios de inmuebles procuran obtener una renta sobre la base del capital representado en sus edificaciones, bien desempeñando en ellos alguna actividad productiva, o dándolos en alquiler a terceros para que éstos desempeñen tales actividades, a cambio de una remuneración, proporcional al "valor" del inmueble, considerada su vida útil.

    Sin embargo, es evidente que el sector inmobiliario Nacional, especialmente el dedicado al arrendamiento con fines comerciales o de servicios ha tenido en los últimos años un comportamiento especulativo, procurando una participación mayoritaria en los beneficios obtenidos por quienes desempeñan las actividades verdaderamente productivas, argumentando el aumento de los costos de construcción y, por ende, del valor "real" de sus inmuebles, a pesar de un escenario en el que la gran mayoría de los materiales e insumos de construcción están sometidos a regulaciones de precio justo y las importaciones de maquinarias y equipos exoneradas de tributos nacionales. Ante situaciones como éstas, es deber ineludible del Estado venezolano procurar el equilibrio entre las partes del Juego económico, estableciendo regulaciones que permitan crear la igualdad ante la Ley que consagra el texto constitucional, que no es otra que aquella que permite iguales condiciones de desarrollo y de participación en el acceso a la riqueza nacional, a través de mecanismos de compensación de diferencias que otorgan al sujeto menos favorecido una protección especial, permitiendo el libre desenvolvimiento de las relaciones económicas particulares en una verdadera situación de equilibrio.



    Así, los estudios, análisis y debates con los distintos sectores, llevadas a cabo por el Gobierno Bolivariano permitieron identificar una alta e importante incidencia del costo por arrendamiento inmobiliario en las estructuras de costo de los prestadores de servicios y oferentes de bienes, principalmente en los grandes centros comerciales. Este alto costo no tiene justificación alguna considerando que la renta que resulta del arrendamiento inmobiliario tiene su origen en la acumulación de capital, y no en un actividad realmente productiva que genere trabajo y, por tanto, riqueza.

    En tal sentido resultó, conclusión necesaria ordenar las relaciones que vienen estableciéndose entre comerciantes y propietarios de los inmuebles destinados al uso comercial, a fin de hacer claras, transparentes y estables las reglas de tales relaciones, impidiendo así que en situaciones de baja oferta de inmuebles o restricción de la oferta por razones de ubicación o prácticas desleales, los propietarios de las edificaciones, principalmente los grandes propietarios de establecimientos en multipropiedad, se encontrarán en una situación de ventaja frente al comerciante.

    Por otro lado, así como el arrendatario requiere esa protección especial, la reconstrucción y bienestar del sector inmobiliario depende en buena medida de reglas claras, y de un régimen jurídico y administrativo que impida que las prácticas aisladas de incumplimiento intencional, fraudes y otras desviaciones de los arrendatarios desmotiven la construcción de establecimientos para el uso comercial y de servicios, su adecuación y mantenimiento. De esta manera, el sistema de arrendamientos inmobiliarios se complementa con funciones suficientes a cargo de un órgano especializado en la actividad comercial, mejorando la actuación administrativa, el control y el estímulo estatal. Así, la protección a las partes, las reglas claras y un mejor desempeño institucional, promoverán un empuje consistente en el sector de arrendamientos inmobiliarios de uso comercial y de servicios.

    Las labores de fiscalización y control dirigidas a detectar conductas irregulares que perturben el normal desenvolvimiento de la economía nacional, han sido normadas de manera especial en el instrumento presentado en esta ocasión, incorporando fórmulas de participación democrática como los Comités Paritarios de Administración de Condominio, instancias de coordinación entre propietarios y arrendatarios que permitirá la toma consensuada de decisiones, favorables de forma equitativa para todas las partes. Estas fórmulas participativas garantizan la construcción del socialismo en sectores donde tradicionalmente se pensó que las particularidades de las relaciones sociales de producción entre los sujetos del sector impedirían la práctica socialista. Ello demuestra que la suprema felicidad social del pueblo, la sociedad igualitaria, incluyente, productiva, humanista y el desarrollo de todas y de todos es posible en todos los sectores y actividades, sustentado en el rol del Estado democrático y social de derecho y justicia, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    El presente Decreto Ley, establece las condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, en procura de las relaciones arrendaticias justas y socialmente responsables en aras de garantizar y proteger los intereses de las venezolanas y venezolanos.

    Este Decreto Ley se estructura en diez (10) capítulos y cuarenta y cuatro (44) artículos, seis (06) Disposiciones Transitorias, dos (02) Disposiciones Derogatorias y una (01) Disposición Final, distribuidos de la siguiente manera:

    Capítulo I: DISPOSICIONES GENERALES, contentivo del objeto, ámbito de aplicación, el órgano y ente responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto Ley.

    Capítulo II: DE LA RELACIÓN ARRENDATICIA, relativa al vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio, así como los deberes y derechos generados en razón de dicha relación.

    Capítulo III: GARANTÍAS, establece que el arrendador podrá exigir al arrendatario garantías en respaldo de las obligaciones asumidas por éste, protegiendo a los sujetos de aplicación del Decreto Ley.

    Capítulo IV: DE LOS CONTRATOS, prevé los requisitos, estipulaciones que deben contener los mismos, así como la prorroga legal ante el vencimiento del contrato.

    Capítulo V: DE LOS CÁNONES, SU PAGO Y FIJACIÓN, donde establece que se efectuará el canon de arrendamiento, el plazo de prescripción, la obligación por parte del arrendador de entregar una factura legal y el método para la fijación del canon de arrendamiento.

    Capítulo VI: DE LOS SOBREALQUILERES Y GASTOS CONDOMINIALES, establece que todo lo que se cobre en exceso del canon máximo establecido, o lo cobrado por conceptos contrarios a este Decreto Ley, quedará sujeto a reintegro por parte del propietario, arrendador o recaudador.

    Capítulo VII: DE LA PREFERENCIA OFERTIVA Y EL RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, se regula lo relativo a la venta del inmueble destinado al uso comercial, previendo que la preferencia ofertiva la tenga el arrendatario, así como lo relativo al retracto legal en razón la violación de dicha preferencia.

    Capítulo VIII: DE LOS DESALOJOS Y PROHIBICIONES, prevé las causales de desalojo y las prohibiciones.

    Capítulo IX: DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, se establece la competencia a los Juzgados de Municipio, en relación a los actos administrativos que emanen del órgano rector en la materia.

    Capítulo X: SANCIONES, se establece que los sujetos de aplicación del Decreto Ley que incumplan con las estipulaciones previstas, serán sancionados por el órgano rector en la materia, o la instancia bajo su adscripción que este designe mediante multas. DISPOSICIONES TRANSITORIAS, se regula lo relativo al régimen transitorio a los contratos, se suspende la ejecución de medidas cautelares, se ordena la supresión de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat.

    DISPOSICIONES DEROGATORIAS, se derogan todas las normas que coliden con lo dispuesto en el presente Decreto Ley.

    DISPOSICIONES FINALES, se establece la entrada en vigencia del Decreto Ley.
  • Normas que Regulan los Servicios de Tecnología Financiera del Sector Bancario FINTECH
    Este Audio puede descargarlo de Audioley.com
    Editor Raymond Orta @raymondorta.

    Normas que Regulan los Servicios de Tecnología Financiera del Sector Bancario (FINTECH)

    (Gaceta Oficial Nº 42.162 del 06 de julio de 2021)

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

    MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR

    SUPERINTENDENCIA DE LA INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO

    RESOLUCIÓN

    Número: 001-21

    Caracas, 4 de Enero de 2021

    211°, 162° y 22°

    Antonio Morales Rodríguez

    Superintendente (E) de las Instituciones del Sector Bancario

    En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 7, 69, 70 el numeral 1 del artículo 159, el numeral 14 del artículo 171 y el numeral 7 del artículo 172 del Decreto con Rango, Valor, Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.557 de fecha 8 de diciembre de 2014, las cuales establecen que toda persona natural o jurídica que realice actividades de intermediación o de servicios financieros auxiliares, requiere de autorización previa de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de acuerdo con las normas establecidas en el citado Decreto Ley y le otorgan a ésta la potestad de dictar las normas prudenciales necesarias para la regulación del ejercicio de las operaciones bancarias, sus servicios complementarios, su supervisión y aquellas relativas a los productos y servicios financieros, así como, regular todos aquellos elementos necesarios para garantizar los derechos de los usuarios y usuarias del sector bancario nacional, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 14 y el numeral 4 del artículo 20 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.578 de fecha 21 de diciembre de 2010,

    CONSIDERANDO

    Que el objeto principal del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario es garantizar el funcionamiento de un sector bancario sólido, transparente, eficiente, confiable y sustentable que contribuya con el desarrollo económico y social de la Nación, que proteja el derecho de la población venezolana de disfrutar de servicios bancarios modernos y de calidad en el Sistema Bancario.

    Que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en el marco de la protección de los usuarios usuarias y clientes, debe velar por un desarrollo armónico y ordenado de los servicios, a los fines que éstos cubran racionalmente las expectativas de crecimiento de la demanda logrando mayor seguridad para los consumidores.

    Que el impacto y la aplicabilidad de las nuevas tecnologías en el sector financiero, afectan la forma en que se relacionan los sujetos que participan en la prestación del servicio bancario.

    Que los avances en el campo de la tecnología de información lidera el ritmo en que se desarrollan nuevos productos financieros y formas de hacer negocio y en consecuencia el sector bancario ha tenido que mantener este ritmo de desarrollo y adoptar nuevas tecnologías financieras (FINTECH), las cuales han experimentado un rápido crecimiento, conllevando un cambio en la metodología de los procesos y servicios de las instituciones bancarias tradicionales e introduciendo nuevos actores en el sector.

    Que la superintendencia debe regular la tendencia antes descrita, las cuales se circunscriben a nuevos productos diferentes a los ofrecidos en la banca tradicional, nuevas formas de proporcionar servicios mediante el uso exclusivo de tecnología, ofrecido a través de empresas emergentes denominadas Startup, como una organización con una creciente capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios de gran innovación, que en el escenario bancario se distinguen como Instituciones de Tecnología Financiera del Sector Bancario (ITFB), encaminadas a que dicho sector sea más eficiente, seguro e incluyan a grandes sectores de la población venezolana.

    Que el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), mediante el Punto de Cuenta N° 001 de fecha 4 de Enero de 2021, aprobó fijar mediante normativa prudencial emitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario las normas que regulan los Servicios de Tecnología Financiera (FINTECH).

    RESUELVE

    Dictar las siguientes:

    «NORMAS QUE REGULAN LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA FINANCIERA DEL SECTOR BANCARIO (FINTECH)»
  • Fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo 18-12-2020 en Español Traducción Libre @RaymondOrta
    Fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo 18-12-2020 en Español Traducción Libre Raymond Orta
    www.grafotecnica.com
    18 DICIEMBRE 2020

    JUICIO

    LAUDO ARBITRAL DE 3 DE OCTUBRE DE 1899

    SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTUBRE 1899 (GUYANA c. VENEZUELA)


    18 DÉCEMBRE 2020


    ARRÊT


    TABLA DE CONTENIDO

    Párrafos

    CRONOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO 1-22

    I. INTRODUCCIÓN 23-28

    II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y HECHOS 29-60

    A. El Tratado de Washington y el Laudo de 1899 31-34

    B. El repudio de Venezuela al Laudo de 1899 y la búsqueda de
    una solución de la controversia 35-39

    C. La firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 40-44

    D. La aplicación del Acuerdo de Ginebra 45-60

    1. La Comisión Mixta (1966-1970) 45-47

    2. El Protocolo de Puerto España de 1970 y la moratoria establecida 48-53

    3. Desde el proceso de buenos oficios (1990-2014 y 2017) hasta la toma de
    la corte 54-60

    III. INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO DE GINEBRA 61-101

    A. La "controversia" en el marco del Acuerdo de Ginebra 64-66

    B. Si las Partes dieron su consentimiento al arreglo judicial de la
    controversia en virtud del párrafo 2 del artículo IV del Acuerdo de Ginebra 67-88

    1. Si la decisión del Secretario General tiene carácter vinculante 68-78

    2. Si las Partes consintieron en la elección del Secretario General
    de arreglo judicial 79-88

    C.Si el consentimiento otorgado por las Partes al arreglo judicial de
    su controversia en virtud del párrafo 2 del artículo IV de las
    El acuerdo está sujeto a las condiciones 89-100

    IV. JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL 102-115

    A. La conformidad de la decisión del Secretario General de 30 de enero
    2018 con el artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra 103-109

    B. El efecto jurídico de la decisión del Secretario General de 30 de enero
    2018110-115

    V. SEISIN DE LA CORTE 116-121

    VI. ALCANCE DE LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL 122-137

    CLÁUSULA RESOLUTIVA 138

    Traducción Raymond Orta Martinez
  • Inteligencia Artificial y Derecho Panel - Parte 2 - 1ra. Conferencia INVEDET 2020
    Inteligencia Artificial y Derecho
    Audio 2 de la I Conferencia del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología INVEDET
    Invedet Encuentro Internacional 2020

    Contenido

    Panel 2 – Moderador: Luis Ernesto Rodríguez Carrera

    Juan José Bolinaga – “Con la Inteligencia Artificial ¿los buques continuarán siendo buques?”
    María Alejandra Ruiz – “Consideraciones sobre la Inteligencia Artificial y arbitraje”
    Luciana B. Scotti – “La implementación de la inteligencia Artificial en el proceso judicial (Perspectiva del derecho argentino en general y del DIPr en especial)”
    Teresa Rodríguez De Las Heras – “Repensando las reglas de la responsabilidad ante la Inteligencia Artificial: una visión europea”
    Preguntas y respuestas
  • Inteligencia Artificial y Derecho Panel - Parte 1 - 1ra. Conferencia INVEDET 2020
    Inteligencia Artificial y Derecho #ia
    Audio 1 de la I Conferencia del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología INVEDET
    Invedet Encuentro Internacional 2020
    Contenido
    Raymond Orta Martínez – Presentación del INVEDET y bienvenida a la Conferencia
    Panel 1 – Moderador: Mario Andrés Brando
    Daniel Hernández Torres – “El concepto jurídico de la Inteligencia Artificial y la persona electrónica”
    Diego Fernández – “Una visión global de los desafíos de la inteligencia artificial, con una mirada desde la Argentina”
    Fabrício Pasquot Polido – “Inteligencia Artificial y Derecho (perspectiva brasileña)”
    Maiger Dalay Urbina – “Inteligencia Artificial y el Derecho Internacional Público: ¿paz o pugna?”
    Ninoska Rodríguez Laverde – “Propiedad intelectual, transferencia de conocimiento e inteligencia Artificial”
    Preguntas y respuestas
  • Providencia 016 sobre Normas SUSCERTE sobre modelo de Certificación Electrónica de la Ley Mensajes de Datos y Firmas Electronicas
    Providencia Nº 016, por la cual se establecen las Normas Técnicas bajo las cuales esta Superintendencia, coordinará e implementará el modelo jerárquico de la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, para que los Proveedores de Servicios de Certificación Acreditados, emitan los certificados electrónicos en el Marco del Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas

    (Gaceta Oficial Nº 38.636 del 2 de marzo de 2007)

    República Bolivariana de Venezuela

    Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática

    Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica

    Fecha: 05 de febrero de 2007

    Nº 016

    196º y 147º

    PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
  • Providencia Nº 009-10, mediante la cual se dicta la normativa de clasificación y tratamiento de la información en la Administración Pública
    Providencia Nº 009-10, mediante la cual se dicta la normativa de clasificación y tratamiento de la información en la Administración Pública
  • Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado
    Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado

    (Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012)

    Decreto N° 9.051 15 de junio de 2012

    HUGO CHAVEZ FRÍAS

    Presidente de la República

    Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el numeral 2, literal b del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros,

    DICTA

    El siguiente,

    DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY SOBRE ACCESO E INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS ENTRE LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL ESTADO

    TÍTULO I

    DISPOSICIONES GENERALES

    Artículo 1

    Objeto

    El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las bases y principios que regirá el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado, con el fin de garantizar la implementación de un estándar de interoperabilidad.
  • Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos Venezuela
    Audio Cortesia de Audio Ley punto Com
    Derechos Reservados Raymond Orta
    experticias ounto com y informatica forense punto com

    Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos
    Gaceta Oficial Nº 6.583 Extraordinaria del 12 de octubre de 2020

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

    ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

    La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el treinta de julio de dos mil diecisiete en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el Pueblo venezolano como depositario del poder originario.

    DECRETA

    la siguiente,

    LEY CONSTITUCIONAL ANTIBLOQUEO PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares

Gaceta Oficial No.  40.571 del 30 de diciembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ASAMBLEA NACIONAL

Caracas - Venezuela

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

LEY PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON VIH O SIDA Y SUS FAMILIARES

La epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se inició en nuestro país con el reporte del primer caso en el año 1982; desde entonces, hasta la fecha se han notificado 131.512 casos de VIH; cada año se infectan 6.600 nuevas personas con VIH y mueren alrededor de 1.800 personas por Sida todos los años. Según las estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el VIH y Sida (ONUSIDA) de julio de 2013, la prevalencia de VIH en nuestro país es de 0,6 %, lo que implica que el número estimado de personas adultas viviendo con VIH se encuentra entre 74.000 y 160.000.


La principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales no protegidas, por lo que deben tomarse en cuenta las expresiones diversas de la sexualidad de la población y los contextos de vulnerabilidad en los que ésta se ejerce. Las relaciones desiguales de género y entre grupos de edad, las diferencias socioeconómicas y culturales, así como las orientaciones e identidades sexuales individuales, al asociarse con factores de riesgo, propician situaciones que incrementan la vulnerabilidad a la infección por VIH.

Para el año 2006 en nuestro país por cada 5 hombres diagnosticado con VIH se diagnosticaba 1 mujer (5:1); esta razón disminuyó, y para el 2010 por cada 3 hombre se diagnosticaba 1 mujer (3:1), evidenciando una mayor proporción de mujeres afectadas por la epidemia. En relación con la población juvenil los datos a nivel global para el 2013 estiman que aproximadamente el 40% de todas las nuevas infecciones ocurren en jóvenes entre 15 y 24 años. Por otra parte, según las últimas cifras publicadas en el Plan Estratégico Nacional 2012-2016 para la respuesta al VIH, Sida y otras infecciones de trasmisión sexual (ITS) del Ministerio del Poder Popular para la Salud, nuestro país tiene una epidemia concentrada en la población de hombres que tienen sexo con hombre (HSH) y transgénero, que alcanza una prevalencia de 25%. Según cifras de ONUSIDA, estas personas tienen 19 veces más probabilidades de infectarse con el VIH que la población general; sin embargo, sólo 1 de cada 10 de estos hombres tiene acceso a servicios de salud especializados y acorde con sus necesidades. Más grave aún es el caso de las personas transexuales, quienes tienen a nivel global tasas más elevadas de VIH que los HSH y la población general, pero con un menor acceso a los servicios.

Ahora bien, la epidemia del VIH además de vulnerar la vida y salud de las personas, genera graves situaciones de discriminación por parte de importantes sectores de la población; las personas con VIH o Sida son con frecuencia estigmatizadas, apartadas y violentadas en el disfrute y ejercicio de sus derechos humanos, solo por su condición de salud y, con frecuencia, por una discriminación cruzada con otros motivos como su sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Paradójicamente, un grupo de personas que debería ser protegido por su condición de salud, fue victimizado y doblemente afectado en sus derechos, garantías y deberes, especialmente en el ámbito de las relaciones familiares, el trabajo y los servicios de salud y educación; incluso, tal es la magnitud del problema, que esta discriminación alcanzó a las personas relacionadas con ellas; desde esta perspectiva, las personas con VIH o Sida constituyen en la actualidad un grupo en condición especial de vulnerabilidad en su derecho a la igualdad. En respuesta a esta realidad, hace más de una década, en la Declaración de Compromiso en VIH-Sida de 2001, los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, acordaron reducir el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH y grupos vulnerables, a través de las siguientes acciones: asegurar el establecimiento y. la ejecución de estrategias y planes de financiamiento nacional multisectorial para luchar contra el VIH o Sida; hacer frente al estigma, el silencio y la negación de la realidad; tomar en cuenta las dimensiones de género y de edad de la epidemia; eliminar la discriminación y la marginación; promover la colaboración con la sociedad civil y el sector productivo y la plena participación de las personas con VIH o Sida, grupos vulnerables y las que se encuentren más expuestas, especialmente HSH, mujeres y jóvenes.

En el ámbito de los derechos humanos, en esa misma oportunidad, los gobiernos se comprometieron a promulgar, fortalecer o hacer cumplir, según proceda, leyes, reglamentos y otras medidas a fin de eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con VIH o Sida y los miembros de grupos vulnerables, así como para asegurarles el pleno disfrute de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales; en particular, darles acceso, entre otras cosas, a la educación, al empleo, a la salud, a los servicios sociales y jurídicos, respetando al mismo tiempo su intimidad y la confidencialidad; así como elaborar estrategias para combatir el estigma y la exclusión social asociados a la epidemia.

Desde estas visiones, se considera que una respuesta efectiva frente al VIH sólo es posible si se reduce el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH por su condición de salud, género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, a fin de garantizar que todas las personas con VIH tengan acceso a los servicios que necesitan. Por ello, el Plan Estratégico Nacional 2012-2016 para la respuesta al VIH, Sida y otras ITS define en su marco de resultados el objetivo de "Promover y promocionar los DDHH para reducir el estigma y la discriminación que incrementa la expansión de la epidemia del VIH en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad". En este eje se plantea como Línea de Acción Impulsar y/o promover una "Ley Antidiscriminatoria que prevea mecanismos efectivos para restituir y sancionar la vulneración de los DDHH de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y afectadas o no por el VIH". De esta manera la presente Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares, constituye precisamente el cumplimiento de esta línea de acción.

Ahora bien, en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece la sociedad venezolana como democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural que, a través del reconocimiento de los derechos humanos, ha de consolidar un Estado de justicia que asegure la Igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Es así como, la igualdad se reconoce en nuestra Constitución como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, así como un principio, derecho y garantía constitucional, en sus artículos 2, 19 y 21, respectivamente.

Como evidencia concreta de esta construcción constitucional, el artículo 19 de la Norma Fundamental consagra expresamente como principio constitucional la obligación del Estado venezolano de garantizar a toda persona en condiciones de igualdad y sin discriminación jurídica, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.

En este mismo sentido, la Constitución reconoce el derecho y la garantía a la igualdad en su artículo 21 de la forma más amplia, protegiendo la igualdad formal y material, haciendo eco de la propuesta constitucional del Libertador Simón Bolívar en su célebre Discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819. Es así como, esta disposición constitucional prevé que: "(.) No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona, otorgándole a la condición humana la dignidad que merece (.)". Igualmente, expresando la obligación de proteger la igualdad material al establecer que "(.) la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (.)".

En desarrollo de estos mandatos constitucionales, se aprobó la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, cuyo ámbito de protección se extiende más allá de lo que indica su denominación, pues se ampara a las personas frente a las discriminaciones de cualquier tipo, naturaleza u origen. Esta Ley marco constituye un hito histórico en nuestro país, pues por primera vez el Estado brinda especial atención a la garantía del derecho humano a la igualdad, estableciendo normas jurídicas, creando instituciones, definiendo mecanismos de protección y sanciones; se trata de una norma de carácter general, aplicable a todas las personas por igual y que no desarrolla regímenes especiales de protección para las distintas categorías de personas.

Como se ha indicado, la población con VIH o Sida es un grupo de personas en situación de especial vulnerabilidad ante la discriminación; de allí que sea imprescindible aprobar una Ley que aborde de manera específica su situación particular a los fines de garantizar su derecho humano a la igualdad, tanto desde el punto de vista formal como material. Particularmente, es importante que la legislación tome en consideración las implicaciones que tienen para ellas la discriminación cruzada de la cual son objeto por otros motivos como su género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género; adicionalmente, que proteja a las personas que también son víctimas de tratos desiguales en función de sus relaciones familiares, personales, laborales, educativas, entre otras, con las personas con VIH o Sida.

En virtud de todo lo antes expuesto, se plantea la siguiente "Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares", con la finalidad de continuar minimizando los espacios de discriminación y fortaleciendo los derechos de las personas con VIH o Sida y sus familiares.

Esta Ley contiene una serie de disposiciones dirigidas a promover y proteger el derecho a la igualdad de todas las personas con VIH o Sida, a los fines de asegurar que disfruten y ejerzan todos sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, sin discriminación alguna, entre ellas, las derivadas de su condición de salud, género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género. A tal efecto, contiene siete capítulos, contentivos de treinta y nueve artículos, una disposición derogatoria y una disposición final. El Capítulo I se refiere a las disposiciones generales, en el cual se abordan en doce disposiciones el objeto de la Ley, su finalidad, el ámbito de aplicación, las obligaciones generales del Estado para asegurar la igualdad formal y material de las personas con VIH o Sida, el reconocimiento de la condición especial de discriminación, la prohibición por cualquier persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada de discriminar a las personas con VIH o Sida, el derecho de las personas con VIH o Sida a ser tratadas acorde con la dignidad humana, el derecho a la confidencialidad de la condición de salud y vida privada de las personas con VIH o Sida, la declaración de interés general y orden público del derecho que tienen las personas con VIH o Sida a vivir en condiciones de igualdad, los principios de interpretación y aplicación de la ley, la responsabilidad de las personas que cometan actos de discriminación en contra de las personas con VIH o Sida y la responsabilidad de los medios de comunicación social de promover el derecho a la igualdad de las personas con VIH o Sida.

En el Capítulo II, referido a la igualdad en las relaciones familiares, como lo indica su título, se establecen tres normas para asegurar la igualdad en el ejercicio de los derechos, garantías, deberes y responsabilidades en materia de instituciones familiares, así como en la protección integral de la maternidad y paternidad. El Capítulo III aborda en tres artículos la igualdad en la educación, cultura y deportes; en él se establecen normas para asegurar que las instituciones educativas, culturales y deportivas, públicas y privadas, garanticen la igualdad y no discriminación en el ingreso, permanencia y egreso a sus actividades a las personas con VIH o Sida; asimismo, se establece disposiciones generales dirigidas a la promoción permanente de este derecho en el ámbito escolar, incluyendo como una medida de especial relevancia declaración del día nacional de la lucha contra el Sida y del día nacional de prevención del VIH.

El Capítulo IV se refiere a la igualdad en la salud en cuatro artículos que tienen por finalidad establecer las normas generales para garantizar este derecho en las clínicas privadas, así como en los institutos prestadores de servicios de salud; en este mismo sentido, extiende esta protección a los seguros de salud contratados con empresas de seguros, de medicina prepagada y similares. Finalmente, prevé una disposición dirigida a asegurar la promoción de la igualdad de las personas con VIH o Sida en los centros de salud, bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Salud.

El Capítulo V desarrolla en cinco artículos las garantías a la igualdad en el trabajo y en la función pública; estas garantías se extienden desde el ingreso y permanencia de las personas al trabajo o la función pública, hasta su egreso o retiro. Lo más novedoso que contiene este Capítulo es que se establece la protección especial de inamovilidad laboral para las personas con VIH o Sida, al tiempo que se extiende su protección a la seguridad social, así como a la salud y seguridad laboral.

El Capítulo VI desarrolla las garantías a la igualdad en situaciones específicas, es decir, en grupos, circunstancias o condiciones cuyas particularidades merecen especial consideración; es así como, se establecen cuatro disposiciones dirigidas a proteger las siguientes categorías de personas: jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y personas privadas de libertad. Por otra parte, se incluyen dos disposiciones que abordan circunstancias o materias específicas, a saber, en los centros de rehabilitación o programas sociales y en el sector bancario.

El Capítulo VII establece las responsabilidades por los actos y conductas discriminatorias contra personas con VIH o Sida; de esta manera, se prevén seis artículos en los cuales se precisa las responsabilidades disciplinaria, civil, penal y las multas derivadas de la contravención de las disposiciones de la Ley, así como los órganos competentes en la materia. Mención especial merece la disposición que contempla que en todos los procedimientos judiciales y administrativos dirigidos a proteger la igualdad de las personas con VIH o Sida y a hacer efectiva las responsabilidades derivadas de su violación, corresponderá al presunto agraviante demostrar los motivos y razones objetivos que fundamentaron las actuaciones y actos denunciados como discriminatorios.

Finalmente, se establece una disposición derogatoria de todas aquellas normas que sean contrarias a la presente Ley y una única disposición final respecto a la vigencia de la Ley, la cual prevé que entrará en vigencia una vez publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ASAMBLEA NACIONAL

Caracas - Venezuela

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON VIH/SIDA Y SUS FAMILIARES

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto promover y proteger el derecho a la igualdad de todas las personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), así como el de sus familiares, a los fines de asegurar que disfruten y ejerzan todos sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, sin discriminación alguna, entre ellas, las derivadas de su condición de salud.

Finalidades

Artículo 2. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

1. Establecer y desarrollar las condiciones jurídicas, administrativas y de cualquier otra índole, necesarias para promover los derechos y garantizar la igualdad de las personas con VIH/SIDA, y sus familiares.

2. Promover y adoptar medidas positivas a favor de las personas con VIH/SIDA, a fin de garantizar que su igualdad sea real y efectiva.

3. Prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación contra las personas con VIH/SIDA, y sus familiares, fundada en su condición de salud, que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades.

4. Prohibir y sancionar los actos y conductas de discriminación individuales, colectivas o difusas, fundadas en la condición de salud de las personas con VIH/SIDA, y sus familiares.

5. Restituir el goce y el ejercicio de los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de las personas con VIH/SIDA, y sus familiares, cuando hayan sido vulnerados o afectados por actos o conductas de discriminación, basados en su condición de salud.

Ámbito de aplicación

Artículo 3. Queda sujeta a la presente Ley, toda persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada que se encuentre en el territorio nacional.

Definiciones

Artículo 4. A los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

1. Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH): agente infeccioso que altera, deteriora o anula la función del sistema inmunitario del cuerpo humano. Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades.

2. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA): es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define como el conjunto de signos y síntomas producidos por la presencia de infecciones oportunistas.

3. VIH/SIDA: es la abreviatura utilizada en esta Ley para referirse a la condición de salud de las personas que han sido diagnosticadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana y que pueden desarrollar o no el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

4. Discriminación: Cualquier acto o conducta contra las personas con VIH/SIDA, familiares u otras personas con las que mantenga relación de cualquier otra índole, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar, directa o indirectamente, el reconocimiento, goce y ejercicio en condiciones de igualdad, de sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades.

5. Grupos vulnerables: Son aquellos que se encuentran bajo mayor riesgo de contraer VIH/SIDA, por lo cual para salvaguardar su salud y la de los demás, deben ser sujetos de manera preferente de las políticas de prevención y tratamiento que desarrolle el Estado. Se considerarán dentro de estos grupos: las personas que consumen drogas, trabajadores y trabajadoras sexuales, comunidades de sexo diverso, migrantes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, privados de libertad, personas en situación de calle y otras que pudieran ser reconocidas por el Estado en convenios y tratados internacionales.

Obligaciones del Estado y corresponsabilidad

Artículo 5. El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole, que sean necesarias y apropiadas para asegurar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad de las personas con VIH/SIDA, así como el de sus familiares, incluyendo aquellas destinadas a promover y divulgar, a través de la enseñanza, el principio de igualdad.

Así mismo, el Estado, las familias, organizaciones sociales y la sociedad en general, son corresponsables en la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH/SIDA, y el de sus familiares.

Situación de vulnerabilidad

Artículo 6. Se reconoce a las personas con VIH/SIDA y a sus familiares, como un grupo en situación de vulnerabilidad, debido a su condición de salud, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución de la República; en consecuencia, el Estado y la sociedad deberán adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar que la igualdad sea real y efectiva.

Prohibición de discriminación

Artículo 7. Se prohíbe todo acto o conducta de discriminación cometido por cualquier persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, contra las personas con VIH/SIDA, y sus familiares, fundado en su condición de salud.

Trato acorde con la dignidad humana

Artículo 8. Todas las personas con VIH/SIDA, así como sus familiares, tienen derecho a ser tratadas con la humanidad y el respeto que merece su dignidad, especialmente en las relaciones personales, en el acceso y en la atención de los servicios públicos, prestados por el sector público o privado.

Información confidencial y vida privada

Artículo 9. La condición de salud de las personas con VIH/SIDA, forma parte de su derecho a la vida privada y es de carácter estrictamente confidencial, salvo excepciones previstas en la ley, los reglamentos o en aquellas normas o protocolos imprescindibles para proteger su salud y la salud pública.

En estos casos excepcionales, el uso, manejo y archivo de la información que permita identificar directa o indirectamente a la persona, será estrictamente reservado, por lo que está prohibido divulgar esta información sin el consentimiento expreso, previo, libre e informado de la persona con VIH/SIDA.

Los certificados de salud no contendrán información relacionada con la condición de VIH de las personas.

Interés general y orden público

Artículo 10. Se declara de interés general y social la promoción y protección del derecho que tienen las personas con VIH/SIDA, y sus familiares, a disfrutar y ejercer todos sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades en condiciones de igualdad.

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público.

Principios de interpretación y aplicación

Artículo 11. En caso de dudas sobre la interpretación y aplicación de la presente Ley, prevalece lo que más beneficie a la protección de los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA, y a sus familiares.

Responsabilidad por actos de discriminación

Artículo 12. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que cometan actos o conductas de discriminación contra las personas con VIH/SIDA, y sus familiares, fundadas en su condición de salud, incurren en responsabilidad individual civil, administrativa, disciplinaria y penal, de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes de la República.

Serán igualmente responsables las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que estando obligadas a garantizar, proteger, asegurar o restituir los derechos, garantías, deberes o responsabilidades de las personas con VIH/SIDA y el de sus familiares, se abstuvieren de hacerlo.

Responsabilidad de los medios de comunicación social

Artículo 13. Los medios de comunicación social, públicos, privados, comunitarios y alternativos, están en la obligación de promover el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con VIH/SIDA, así como el de sus familiares; en consecuencia, no estará permitida la difusión de contenidos o mensajes que menoscaben este derecho.

Es responsabilidad de los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales y electrónicos, difundir de manera sistemática y permanente, información actualizada, científica y objetiva, dirigida a la prevención de la enfermedad y orientada a todos los sectores y grupos de población desde un enfoque de derechos humanos, sin discriminación ni estigmas. La información debe ser concordante con la normativa vigente y basada en fuentes especializadas en VIH y SIDA.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunicaciones, tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de este artículo.

CAPÍTULO II

De las relaciones familiares

Igualdad en las relaciones familiares

Artículo 14. Las personas con VIH/SIDA disfrutarán y ejercerán en condiciones de igualdad todos los derechos, garantías, deberes y responsabilidades en las relaciones familiares.

Estos derechos comprenden el respeto, acompañamiento, apoyo, protección y asistencia de las familias a sus integrantes con VIH/SIDA, especialmente cuando se trate de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes con VIH/SIDA tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y desarrollarse en el seno de su familia de origen.

Igualdad en el ejercicio de la patria potestad

Artículo 15. Las personas con VIH/SIDA tienen derecho al pleno ejercicio de la patria potestad de sus hijos e hijas; en consecuencia, la condición de salud de las personas con VIH/SIDA no constituye, ni podrá ser interpretada, como un supuesto para la privación de la patria potestad; tampoco podrá afectar ni implicar una discriminación; en la fijación de la custodia, régimen de convivencia o visita familiar de un niño, niña o adolescente, salvo en los casos de incapacidad permanente y previo criterio médico para el ejercicio de los atributos de la patria potestad.

CAPÍTULO III

De la igualdad en el derecho a la educación, cultura, deporte y recreación

Igualdad en el derecho a la educación, cultura, deporte y recreación

Artículo 16. Las personas con VIH/SIDA, y sus familiares, disfrutarán y ejercerán en condiciones de igualdad el derecho y el deber a la educación, cultura, deporte y recreación en todos sus niveles, modalidades y expresiones. Las instituciones educativas, culturales, deportivas y recreativas, públicas y privadas, están obligadas a garantizar el ingreso, permanencia y egreso a las políticas, planes, programas y actividades de educación, formación y capacitación en condiciones de igualdad a las personas con VIH/SIDA.

No podrá argumentarse la condición de padres, madres o representantes con VIH/SIDA, para menoscabar el goce y ejercicio del derecho a la educación, cultura, deporte y recreación de los niños, niñas y adolescentes.

Garantías de igualdad en el derecho a la educación, cultura, deporte y recreación

Artículo 17. A los fines de garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el disfrute y ejercicio del derecho a la educación, cultura, deporte y recreación de las personas con VIH/SIDA, y de sus familiares, se establecen las siguientes regulaciones:

1. Se prohíbe exigir un diagnóstico de VIH como requisito de ingreso o permanencia de las personas a las instituciones educativas, culturales, deportivas y recreativas, así como a sus planes, programas y actividades de educación, formación y capacitación; en consecuencia, la condición de persona con VIH, no podrá ser considerada una causa justificada para la exclusión de las instituciones educativas, culturales, deportivas o recreativas.

2. Se prohíbe exigir o practicar exámenes diagnósticos para el VIH a las personas que aspiran a ingresar o permanecer en una institución educativa, cultural, deportiva y recreativa, así como a planes, programas y actividades de educación, formación y capacitación.

3. Se prohíbe la discriminación de las personas con VIH/SIDA, y de sus familiares, al acceso y disfrute de becas o incentivos relacionados con la educación, cultura y deportes.

4. Se prohíbe crear, difundir o permitir contenidos, métodos, instrumentos pedagógicos, mensajes y opiniones de cualquier naturaleza en el ámbito educativo, cultural, deportivo y recreativo que sean discriminatorios contra las personas con VIH/SIDA, y sus familiares.

Promoción de la igualdad en los centros de educación, cultura, deportes y recreación

Artículo 18. En todas las instituciones educativas, culturales, deportivas y recreativas debe promoverse la igualdad de las personas con VIH/SIDA, y la de sus familiares; a tal efecto, deberán desarrollar programas permanentes de información y educación a los fines de prevenir la discriminación de las personas con VIH/SIDA, así como a erradicar los prejuicios y estigmas.

Se establece el primero de diciembre como el Día Nacional de la Lucha Contra el VIH/SIDA, y el veintitrés de mayo como el Día Nacional de Prevención del VIH en el ámbito escolar; durante estas fechas las instituciones educativas, públicas y privadas, en todos sus niveles y modalidades, deberán realizar actividades de información y prevención sobre el VIH, especialmente sobre el derecho a la igualdad de las personas con VIH/SIDA. CAPÍTULO IV

De la igualdad en el derecho a la salud

Igualdad en el derecho a la salud

Artículo 19. Todas las personas con VIH/SIDA disfrutarán y ejercerán en condiciones de igualdad, el derecho y el deber a la salud como parte del derecho a la vida; en consecuencia, harán uso de las clínicas privadas y de los institutos prestadores de servicios de salud, en las mismas condiciones de oportunidad, integralidad y calidad que las establecidas para las personas en general. La igualdad debe garantizarse en la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, incluyendo la odontología y los servicios de salud sexual y reproductiva.

Garantías de igualdad en el derecho a la salud

Artículo 20. A los fines de garantizar la igualdad en el disfrute y ejercicio del derecho a la salud de las personas con VIH/SIDA, se establecen las siguientes regulaciones:

1. Todas las clínicas privadas y los institutos prestadores de servicios de salud, así como todo su personal, tienen el deber de ofrecer sus servicios a las personas con VIH/SIDA con las mismas medidas universales de bioseguridad e higiene debidos para la atención de cualquier persona, incluyendo la odontología y los servicios de salud sexual y reproductiva, en especial, su atención en casos de emergencia.

2. Se prohíbe a todas las clínicas privadas y a los institutos prestadores de servicios de salud, así como a todo su personal, negar o condicionar la prestación de los servicios de salud a las personas con VIH/SIDA.

3. Se prohíbe a todas las clínicas privadas y a los institutos prestadores de servicios de salud, así como a todo su personal, impartir, dar, ofrecer o permitir un trato inhumano, discriminatorio o degradante a las personas con VIH/SIDA.

4. Para realizar o practicar exámenes con el fin de diagnosticar VIH a las personas, es imprescindible el consentimiento expreso, previo, libre e informado del paciente, salvo cuando resulte necesario para el diagnóstico y tratamiento adecuado de la persona. En ningún caso, los exámenes para diagnosticar VIH podrán ser exigidos por interés del personal de salud.

5. Se prohíbe la difusión de contenidos, métodos, protocolos de salud, mensajes y opiniones de cualquier naturaleza en el ámbito de los servicios de la salud que sean discriminatorios contra las personas con VIH/SIDA.

Garantías de igualdad en los seguros de la salud

Artículo 21. A los fines de garantizar la igualdad en el disfrute y ejercicio del derecho a la salud de las personas con VIH/SIDA las empresas de seguros, de medicina prepagada y similares no deben:

1. Negarse a celebrar un contrato de seguros con una persona diagnosticada con el VIH/SIDA, especialmente los relacionados con hospitalización, cirugía y maternidad.

2. Excluir de la cobertura de los contratos de salud, hospitalización, cirugía y maternidad al VIH/SIDA o sus enfermedades oportunistas.

3. Negarse a otorgar la cobertura inmediata en casos de emergencia prevista en el contrato de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, argumentando la condición de salud de la persona con VIH/SIDA.

4. Rechazar el pago de indemnizaciones o prestaciones bajo el argumento de la condición de salud de la persona con VIH/SIDA.

5. Establecer, fijar, convenir o exigir primas exorbitantes u otras contribuciones similares, para la prestación del servicio de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad a las personas con VIH/SIDA.

Promoción de la igualdad en las clínicas privadas y los institutos prestadores de servicios de salud

Artículo 22. Las clínicas privadas y los institutos prestadores de servicios de salud, deben, promover el derecho a la igualdad de las personas con VIH/SIDA. A tal efecto, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, desarrollará programas permanentes de información y educación, a los fines de prevenir la discriminación de las personas con VIH/SIDA debido a su condición de salud, así como a erradicar los prejuicios y estigmas relacionados. CAPÍTULO V

De la igualdad en el derecho al trabajo

Igualdad en el derecho al trabajo

Artículo 23. Las personas con VIH/SIDA disfrutarán y ejercerán en condiciones de igualdad el derecho al trabajo; en consecuencia, los patronos y patronas están obligados y obligadas a garantizar, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, el derecho al trabajo de las personas con VIH/SIDA. Así mismo, los órganos y entes del Estado deben garantizar la igualdad de las personas con VIH/SIDA en el ejercicio de la función pública.

Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de los derechos laborales, funcionariales y de seguridad social, en condiciones de igualdad de las personas con VIH/SIDA.

Garantías de igualdad en el trabajo

Artículo 24. A los fines de garantizar la igualdad en el trabajo de las personas con VIH/SIDA, se establecen las siguientes regulaciones:

1. Se prohíbe establecer como requisito de ingreso o permanencia de las personas al trabajo, contar con un diagnóstico de VIH, salvo las excepciones previstas en la ley o en las normas jurídicas que regulan la salud y la seguridad laboral. No podrá considerarse la condición de persona con VIH como impedimento para contratar ni como causal para la terminación de la relación laboral.

2. Se prohíbe exigir o practicar exámenes diagnósticos para el VIH a las personas que aspiran ingresar a trabajar, así como durante la relación de trabajo, incluyendo los exámenes de salud pre y post vacacionales, salvo las excepciones previstas en la ley o en las normas jurídicas que regulan la salud y la seguridad laboral. En este mismo sentido, también se prohíbe solicitar a las personas información acerca de su condición de VIH/SIDA durante el ingreso, promoción, ascenso y permanencia en el trabajo.

3. Las personas con VIH/SIDA deben disfrutar, en condiciones de igualdad y no discriminación, de las mismas condiciones de trabajo, contratación, remuneraciones, beneficios, oportunidades de educación, promoción, ascenso y prestaciones de seguridad social que los demás trabajadores y trabajadoras.

4. Se prohíbe a todos los patronos y patronas impartir, dar, ofrecer o permitir un trato personal inhumano, discriminatorio o degradante a sus trabajadores y trabajadoras con VIH/SIDA, fundados en su condición de salud, incluyendo cualquier forma de hostigamiento, violación de la confidencialidad sobre el estado serológico o cualquier tipo de presión o coacción arbitraria.

5. Se prohíbe crear, difundir o permitir la difusión de contenidos, métodos, instrumentos de trabajo, mensajes y opiniones de cualquier naturaleza en el ámbito de las entidades de trabajo que sean discriminatorios contra las personas con VIH/SIDA.

6. Los patronos y patronas, deben garantizar que el trabajo se desarrolle en un ambiente libre de cualquier tipo de discriminación contra las personas con VIH/SIDA.

Inamovilidad laboral

Artículo 25. La condición de portador o portadora con VIH/SIDA no podrá ser considerada como una causa justificada para terminar la relación de trabajo, y estarán protegidos y protegidas con inamovilidad laboral, de conformidad con lo establecido en la Ley que regula la materia laboral.

Garantías de igualdad en salud y seguridad laboral

Artículo 26. Los trabajadores y trabajadoras con VIH/SIDA, deben ser trasladados o trasladadas de su lugar de trabajo a otro sitio o cargo, solo cuando las condiciones de trabajo puedan afectar su salud, sin que pueda rebajarse su salario o desmejorarse sus condiciones de trabajo por este motivo.

Los trabajadores y trabajadoras con VIH/SIDA, estarán exentos de realizar cualquier actividad o tarea que pueda poner en peligro su vida en razón de su condición de salud o empeorar dicha condición.

El Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá incluir la prevención del VIH/SIDA, así como la prohibición de la discriminación fundada en esta condición de salud. Garantía de igualdad en la seguridad social

Artículo 27. Las personas con VIH/SIDA tienen derecho a la seguridad social en condiciones de igualdad; en consecuencia, tienen derecho a Ingresar, acceder y recibir las prestaciones del sistema sin discriminación alguna, de conformidad con las normas aplicables en la materia.

CAPÍTULO VI

De la igualdad en situaciones específicas

Protección específica a los y las jóvenes

Artículo 28. Los y las jóvenes con VIH/SIDA disfrutarán y ejercerán en condiciones de igualdad sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, sin discriminación alguna.

Protección específica de las mujeres

Artículo 29. Las mujeres con VIH/SIDA disfrutarán y ejercerán en condiciones de igualdad sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, sin discriminación alguna.

El trato diferencial ofrecido de conformidad con las pautas establecidas para la prevención de la trasmisión materna infantil del VIH, dictadas por el órgano competente, no será considerado como práctica discriminatoria en los términos de esta Ley.

A los fines de garantizarla igualdad de las mujeres con VIH/SIDA, se establecen las siguientes regulaciones:

1. Se prohíbe negar o condicionar la atención a las mujeres con VIH/SIDA por su condición de salud, en cualquier clínica privada, así como en los institutos prestadores de servicios de salud, especialmente en su control ginecológico y durante el embarazo, parto y puerperio.

2. Las clínicas privadas y los institutos prestadores de servicios de salud, así como todo su personal, están obligados a ofrecer atención priorizada a las mujeres con VIH durante el embarazo, parto y puerperio, en cumplimiento de las pautas establecidas para la prevención de la trasmisión materna infantil del VIH dictadas por el órgano competente.

3. Las mujeres con VIH/SIDA tienen derecho a un trato digno basado en el respeto recíproco y la solidaridad, quedando prohibidos los tratos humillantes, vejatorios y ofensivos debido a su condición de salud.

Protección específica de las personas con discapacidad

Artículo 30. Las personas con VIH/SIDA en situación de discapacidad, necesidades especiales o diversidad funcional tienen derecho a disfrutar y ejercer en condiciones de igualdad sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, sin discriminación alguna, entre ellas, las derivadas de su condición de salud.

El trato diferencial brindado de conformidad con la ley para proteger sus derechos y garantías, no será considerado como práctica discriminatoria en los términos previstos en esta Ley.

A los fines de garantizar la igualdad de las personas con VIH/SIDA en situación de discapacidad, necesidades especiales o diversidad funcional, se establecen las siguientes regulaciones:

1. Se prohíbe negar o condicionar la atención a las personas con VIH/SIDA, en situación de discapacidad, necesidades especiales o diversidad funcional, en cualquier clínica privada o instituto prestador de servicio de salud.

2. El Estado, las familias y la sociedad, procurarán la mayor integración familiar y comunitaria de las personas con VIH/SIDA en situación de discapacidad, necesidades especiales o diversidad funcional, respetando el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades, y evitando cualquier trato vejatorio, estigmatizante o discriminatorio.

Igualdad en centros de rehabilitación y programas sociales

Artículo 31. Las personas con VIH/SIDA deberán ser tratadas en condiciones de igualdad y no podrán ser sometidas a situaciones de discriminación en el ingreso permanencia y egreso de los centros de rehabilitación y programas sociales tanto públicos como privados.

Igualdad de los privados y privadas de libertad

Artículo 32. Las personas con VIH/SIDA que estén privadas de libertad, deben ser tratadas en condiciones de igualdad y no podrán ser sometidas a situaciones de discriminación, por motivos relacionados con su condición de salud. La clasificación de las personas privadas de libertad, dentro de los centros de reclusión, debe hacerse conforme a los principios de las disciplinas científicas que orientan la organización de los regímenes penitenciarios, en los términos previstos en la ley, no pudiendo utilizarse estos criterios indiscriminadamente para aislar internos con VIH, a menos que sea en beneficio de su propia salud o para protegerlos o protegerlas de otras infecciones o enfermedades.

Cuando el personal de salud determine que la salud o la vida de una persona con VIH/SIDA privada de libertad, está en riesgo y el establecimiento de reclusión no cuenta con los medios necesarios para la atención, deberá ser trasladada a un centro hospitalario o de salud. El director o directora del establecimiento y los tribunales competentes, garantizarán el traslado inmediato.

Atención especial a grupos vulnerables

Artículo 33. El Estado garantizará la atención especial dirigida a los grupos vulnerables a través de programas sociales de educación, de prevención, de rehabilitación y demás acciones que garanticen los derechos establecidos en esta Ley.

Garantías de igualdad en los contratos y garantías mercantiles

Artículo 34. A los fines de garantizar la igualdad en el disfrute y ejercicio de los derechos de las personas con VIH/SIDA en los contratos y garantías mercantiles, las instituciones públicas y privadas no podrán:

1. Negarse a celebrar contratos mercantiles con una persona con VIH/SIDA debido a su condición de salud, especialmente en solicitudes de préstamo ante las instituciones bancarias que impliquen garantías hipotecarias, reserva de dominio y otras operaciones de crédito.

2. Establecer, fijar, convenir o exigir condiciones y términos exorbitantes u otras contribuciones similares, para la prestación de servicios a personas con VIH/SIDA.

CAPÍTULO VII

De los mecanismos para el cumplimiento de la ley

Restitución de derechos

Artículo 35. La restitución de los derechos y garantías a la igualdad y no discriminación de las personas con VIH/SIDA que establece esta Ley, son exigibles mediante las acciones y procedimientos previstos para los amparos constitucionales.

Responsabilidades por infracción a la presente Ley

Artículo 36. Las infracciones a esta Ley están sujetas a las responsabilidades administrativas y sanciones previstas en la presente Ley, sin menoscabo de las responsabilidades penales, civiles y disciplinarias que se deriven, aplicadas por el órgano competente y mediante los procedimientos de las leyes que rigen cada ámbito.

Sanciones administrativas

Artículo 37. El que mediante acción u omisión, distinga y excluya a una o varias personas, o a sus familiares, en razón de la condición de salud de VIH/SIDA, con el objeto de anular o menoscabar el goce o ejercicio de los derechos, obligaciones y garantías establecidas en esta Ley, será sancionado administrativamente de la siguiente forma:

1. Si es personal de salud, público o privado, se le impondrá suspensión del ejercicio profesional de acuerdo a lo establecido en las leyes de ejercicio profesional respectivo.

2. Si es persona natural será sancionado o sancionada con multa entre Diez Unidades Tributarias (10 U.T.) y Cien Unidades Tributarias (100 U.T.).

3. Si es persona jurídica será sancionada con multa entre Cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y Mil Unidades Tributarias (1000 U.T.).

Ambas sanciones, podrán ser convertidas, a petición del infractor o a consideración del juez o jueza siempre que no sea una conducta reincidente, en servicio comunitario a favor de los derechos de igualdad de las personas con VIH/SIDA, y el de sus familiares, por un tiempo entre doscientas y seiscientas horas, durante los fines de semana.

El tribunal de municipio en lo contencioso administrativo es competente para imponer las sanciones administrativas previstas en esta Ley, siguiendo el procedimiento breve que regula la jurisdicción contencioso administrativo.

Circunstancias agravantes

Artículo 38. Se consideran circunstancias agravantes para la aplicación de las sanciones administrativas previstas en esta Ley, las siguientes:

1. Evitar el acceso a la educación, cultura, deporte y recreación a las personas con VIH/SIDA, y a sus familiares.

2. Negar el disfrute y el derecho al ejercicio de la salud de las personas con VIH/SIDA.

3. Menoscabar la igualdad en el derecho al trabajo y la seguridad social de las personas con VIH/SIDA.

4. Violar el derecho a la protección específica de los grupos vulnerables.

Legitimación

Artículo 39. Están legitimados para ejercer todas las acciones en los procesos judiciales y administrativos dirigidas a proteger la igualdad de las personas con VIH/SIDA, y hacer efectiva las responsabilidades derivadas de su violación, los siguientes:

1. Las personas con VIH/SIDA, y sus familiares.

2. La Defensoría del Pueblo.

3. El Ministerio Público.

Para interponer estas acciones, el afectado o afectada tendrá derecho a la asistencia jurídica de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público o de la Defensa Pública.

Carga de la prueba

Artículo 40. En atención a la situación de vulnerabilidad de las personas con VIH/SIDA, en todos los procedimientos judiciales y administrativos dirigidos a proteger la igualdad y a hacer efectiva las responsabilidades derivadas de su violación, corresponderá al presunto agraviante demostrar los motivos y razones que fundamentaron las actuaciones y actos denunciados como discriminatorios.

Responsabilidad de la persona con VIH/SIDA

Artículo 41. La persona con VIH/SIDA es un sujeto activo para garantizar el cumplimiento de las-disposiciones de esta Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Se derogan todas las disposiciones de rango legal y sublegal contrarias a la presente Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Dentro del primer año a la entrada en vigencia de la presente Ley, los órganos y entes del Estado, desarrollarán las medidas necesarias a los fines de adecuar su normativa, reglamentos y protocolos a las disposiciones de esta Ley.

Segunda. La Defensoría del Pueblo acompañará los procesos de adecuación normativa e institucional que sean necesarios para dar cumplimiento a la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los catorce días del mes de agosto de dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

Presidente de la Asamblea Nacional

DARÍO VIVAS VELÁSCO

Primer Vicepresidente

BLANCA EECKHOUT

Segunda Vicepresidenta

FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ L.

Secretario

ELVIS JUNIOR HIDROBO

Subsecretario

Promulgación de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus Familiares, de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. Ejecútese,

(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

La Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS

La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ

El Ministro del Poder Popular de Planificación, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

El Ministro del Poder Popular para Economía, Finanzas y Banca Pública, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

La Ministra del Poder Popular para el Comercio, ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA

El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias, JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN

El Ministro del Poder Popular para el Turismo, ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA

El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JOSÉ LUIS BERROTERÁN NÚÑEZ

El Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ

El Ministro del Poder Popular para la Educación, HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO

La Ministra del Poder Popular para la Salud, NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA

El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS

El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, HAIMAN EL TROUDI DOUWARA

El Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, GIUSEPPE ÁNGELO CARMELO YOFFREDA YORIO

El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ

La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, JACQUELINE COROMOTO FARÍA PINEDA

El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO

El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS

El Ministro del Poder Popular para la Cultura, REINALDO NTONIO ITURRIZA LÓPEZ

El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR

El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, MARÍA IRIS VARELA RANGEL