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04 Diciembre 2021

  • LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES
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    Derechos Reservados @ Raymond Orta


    Gaceta Oficial N° 6.645 Extraordinario 17 de septiembre de 2021
    ASAMBLEA NACIONAL
    Ley de Reforma de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y
    Demás Sujetos Procesales.

    LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES
    Capítulo I Disposiciones Generales
    Objeto

    Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto proteger los derechos e intereses de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales, así como regular las medidas de protección, en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimiento.

    Competencia Artículo 2. Son competentes para la aplicación de la presente Ley, el Ministerio Público y los tribunales respectivos.
    Medidas

    Artículo 3. Las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley tienen el deber de instrumentar todo tipo de medidas para el cumplimiento de la misma. Las medidas podrán ser informales, administrativas, judiciales y de cualquier otro carácter en procura de garantizar los derechos de las personas protegidas.
    Destinatarias y destinatarios de la protección

    Artículo 4. Son destinatarias y destinatarios de la protección prevista en esta Ley, todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su intervención actual, futura o eventual, en el proceso penal, por ser víctima directa o indirecta, testigo, experta o experto, funcionaria o funcionario del Ministerio Público o de los órganos de policía, y demás sujetos, principales y secundarios, que intervengan en ese proceso.
    Las medidas de protección pueden extenderse a los familiares, por

    parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y a quienes por su relación inmediata de carácter afectivo, con quienes se señalan en el párrafo anterior, así lo requieran.


    Víctimas Artículo 5. Se consideran víctimas directas, a los efectos de la presente Ley, las personas que individual o colectivamente hayan sufrido cualquier tipo de daños físicos o psicológicos, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente.
    De igual forma, se consideran víctimas indirectas a las y los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
    Víctimas especialmente vulnerables

    Artículo 6. Las ejecutoras o ejecutores de lo dispuesto en la presente Ley deben prestar especial atención a las personas adultas mayores, con discapacidad, niñas, niños y adolescentes y personas víctimas de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar.
    Los pueblos y comunidades indígenas víctimas de delito, individual o
    colectivamente, deben estar protegidos siguiendo sus propias normas de administración de justicia, así como sus diferencias socio-culturales, cosmovisión y patrones de asentamiento sobre las cuales se encuentre la jurisdicción especial indígena que le corresponde. La funcionaria o funcionario que le compete conocer del caso deberá solicitar la opinión de las autoridades propias de estos pueblos y comunidades en base a sus tradiciones ancestrales, así como el respectivo informe socio-antropológico que dé cuenta de la visión intercultural que debe prevalecer y el servicio de intérprete en todo el proceso penal.
  • Ley De Regulación Del Arrendamiento Inmobiliario Para El Uso Comercial en Venezuela
    LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL

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    Gaceta Oficial Nº 40.418 del 23 de mayo de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA
    PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
    DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL

    Buena parte de las actividades económicas que permiten facilitar el acceso de los venezolanos y venezolanas a bienes y servicios se desempeñan en establecimientos adecuados de manera especial para la venta de productos o la prestación del servicio. Estos establecimientos se ubican en inmuebles cuyas características, uso y destino difieren de las que detentan otras edificaciones, como las viviendas y la infraestructura pública.

    Por lo anterior, quienes desempeñan actividades comerciales o de servicios necesitan acceder al sector inmobiliario, cuyo comportamiento es distinto al de los propios sectores comercial, industrial y de servicios. Tradicionalmente, los propietarios de inmuebles procuran obtener una renta sobre la base del capital representado en sus edificaciones, bien desempeñando en ellos alguna actividad productiva, o dándolos en alquiler a terceros para que éstos desempeñen tales actividades, a cambio de una remuneración, proporcional al "valor" del inmueble, considerada su vida útil.

    Sin embargo, es evidente que el sector inmobiliario Nacional, especialmente el dedicado al arrendamiento con fines comerciales o de servicios ha tenido en los últimos años un comportamiento especulativo, procurando una participación mayoritaria en los beneficios obtenidos por quienes desempeñan las actividades verdaderamente productivas, argumentando el aumento de los costos de construcción y, por ende, del valor "real" de sus inmuebles, a pesar de un escenario en el que la gran mayoría de los materiales e insumos de construcción están sometidos a regulaciones de precio justo y las importaciones de maquinarias y equipos exoneradas de tributos nacionales. Ante situaciones como éstas, es deber ineludible del Estado venezolano procurar el equilibrio entre las partes del Juego económico, estableciendo regulaciones que permitan crear la igualdad ante la Ley que consagra el texto constitucional, que no es otra que aquella que permite iguales condiciones de desarrollo y de participación en el acceso a la riqueza nacional, a través de mecanismos de compensación de diferencias que otorgan al sujeto menos favorecido una protección especial, permitiendo el libre desenvolvimiento de las relaciones económicas particulares en una verdadera situación de equilibrio.



    Así, los estudios, análisis y debates con los distintos sectores, llevadas a cabo por el Gobierno Bolivariano permitieron identificar una alta e importante incidencia del costo por arrendamiento inmobiliario en las estructuras de costo de los prestadores de servicios y oferentes de bienes, principalmente en los grandes centros comerciales. Este alto costo no tiene justificación alguna considerando que la renta que resulta del arrendamiento inmobiliario tiene su origen en la acumulación de capital, y no en un actividad realmente productiva que genere trabajo y, por tanto, riqueza.

    En tal sentido resultó, conclusión necesaria ordenar las relaciones que vienen estableciéndose entre comerciantes y propietarios de los inmuebles destinados al uso comercial, a fin de hacer claras, transparentes y estables las reglas de tales relaciones, impidiendo así que en situaciones de baja oferta de inmuebles o restricción de la oferta por razones de ubicación o prácticas desleales, los propietarios de las edificaciones, principalmente los grandes propietarios de establecimientos en multipropiedad, se encontrarán en una situación de ventaja frente al comerciante.

    Por otro lado, así como el arrendatario requiere esa protección especial, la reconstrucción y bienestar del sector inmobiliario depende en buena medida de reglas claras, y de un régimen jurídico y administrativo que impida que las prácticas aisladas de incumplimiento intencional, fraudes y otras desviaciones de los arrendatarios desmotiven la construcción de establecimientos para el uso comercial y de servicios, su adecuación y mantenimiento. De esta manera, el sistema de arrendamientos inmobiliarios se complementa con funciones suficientes a cargo de un órgano especializado en la actividad comercial, mejorando la actuación administrativa, el control y el estímulo estatal. Así, la protección a las partes, las reglas claras y un mejor desempeño institucional, promoverán un empuje consistente en el sector de arrendamientos inmobiliarios de uso comercial y de servicios.

    Las labores de fiscalización y control dirigidas a detectar conductas irregulares que perturben el normal desenvolvimiento de la economía nacional, han sido normadas de manera especial en el instrumento presentado en esta ocasión, incorporando fórmulas de participación democrática como los Comités Paritarios de Administración de Condominio, instancias de coordinación entre propietarios y arrendatarios que permitirá la toma consensuada de decisiones, favorables de forma equitativa para todas las partes. Estas fórmulas participativas garantizan la construcción del socialismo en sectores donde tradicionalmente se pensó que las particularidades de las relaciones sociales de producción entre los sujetos del sector impedirían la práctica socialista. Ello demuestra que la suprema felicidad social del pueblo, la sociedad igualitaria, incluyente, productiva, humanista y el desarrollo de todas y de todos es posible en todos los sectores y actividades, sustentado en el rol del Estado democrático y social de derecho y justicia, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    El presente Decreto Ley, establece las condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, en procura de las relaciones arrendaticias justas y socialmente responsables en aras de garantizar y proteger los intereses de las venezolanas y venezolanos.

    Este Decreto Ley se estructura en diez (10) capítulos y cuarenta y cuatro (44) artículos, seis (06) Disposiciones Transitorias, dos (02) Disposiciones Derogatorias y una (01) Disposición Final, distribuidos de la siguiente manera:

    Capítulo I: DISPOSICIONES GENERALES, contentivo del objeto, ámbito de aplicación, el órgano y ente responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto Ley.

    Capítulo II: DE LA RELACIÓN ARRENDATICIA, relativa al vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio, así como los deberes y derechos generados en razón de dicha relación.

    Capítulo III: GARANTÍAS, establece que el arrendador podrá exigir al arrendatario garantías en respaldo de las obligaciones asumidas por éste, protegiendo a los sujetos de aplicación del Decreto Ley.

    Capítulo IV: DE LOS CONTRATOS, prevé los requisitos, estipulaciones que deben contener los mismos, así como la prorroga legal ante el vencimiento del contrato.

    Capítulo V: DE LOS CÁNONES, SU PAGO Y FIJACIÓN, donde establece que se efectuará el canon de arrendamiento, el plazo de prescripción, la obligación por parte del arrendador de entregar una factura legal y el método para la fijación del canon de arrendamiento.

    Capítulo VI: DE LOS SOBREALQUILERES Y GASTOS CONDOMINIALES, establece que todo lo que se cobre en exceso del canon máximo establecido, o lo cobrado por conceptos contrarios a este Decreto Ley, quedará sujeto a reintegro por parte del propietario, arrendador o recaudador.

    Capítulo VII: DE LA PREFERENCIA OFERTIVA Y EL RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, se regula lo relativo a la venta del inmueble destinado al uso comercial, previendo que la preferencia ofertiva la tenga el arrendatario, así como lo relativo al retracto legal en razón la violación de dicha preferencia.

    Capítulo VIII: DE LOS DESALOJOS Y PROHIBICIONES, prevé las causales de desalojo y las prohibiciones.

    Capítulo IX: DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, se establece la competencia a los Juzgados de Municipio, en relación a los actos administrativos que emanen del órgano rector en la materia.

    Capítulo X: SANCIONES, se establece que los sujetos de aplicación del Decreto Ley que incumplan con las estipulaciones previstas, serán sancionados por el órgano rector en la materia, o la instancia bajo su adscripción que este designe mediante multas. DISPOSICIONES TRANSITORIAS, se regula lo relativo al régimen transitorio a los contratos, se suspende la ejecución de medidas cautelares, se ordena la supresión de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat.

    DISPOSICIONES DEROGATORIAS, se derogan todas las normas que coliden con lo dispuesto en el presente Decreto Ley.

    DISPOSICIONES FINALES, se establece la entrada en vigencia del Decreto Ley.
  • Normas que Regulan los Servicios de Tecnología Financiera del Sector Bancario FINTECH
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    Editor Raymond Orta @raymondorta.

    Normas que Regulan los Servicios de Tecnología Financiera del Sector Bancario (FINTECH)

    (Gaceta Oficial Nº 42.162 del 06 de julio de 2021)

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

    MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR

    SUPERINTENDENCIA DE LA INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO

    RESOLUCIÓN

    Número: 001-21

    Caracas, 4 de Enero de 2021

    211°, 162° y 22°

    Antonio Morales Rodríguez

    Superintendente (E) de las Instituciones del Sector Bancario

    En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 7, 69, 70 el numeral 1 del artículo 159, el numeral 14 del artículo 171 y el numeral 7 del artículo 172 del Decreto con Rango, Valor, Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.557 de fecha 8 de diciembre de 2014, las cuales establecen que toda persona natural o jurídica que realice actividades de intermediación o de servicios financieros auxiliares, requiere de autorización previa de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de acuerdo con las normas establecidas en el citado Decreto Ley y le otorgan a ésta la potestad de dictar las normas prudenciales necesarias para la regulación del ejercicio de las operaciones bancarias, sus servicios complementarios, su supervisión y aquellas relativas a los productos y servicios financieros, así como, regular todos aquellos elementos necesarios para garantizar los derechos de los usuarios y usuarias del sector bancario nacional, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 14 y el numeral 4 del artículo 20 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.578 de fecha 21 de diciembre de 2010,

    CONSIDERANDO

    Que el objeto principal del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario es garantizar el funcionamiento de un sector bancario sólido, transparente, eficiente, confiable y sustentable que contribuya con el desarrollo económico y social de la Nación, que proteja el derecho de la población venezolana de disfrutar de servicios bancarios modernos y de calidad en el Sistema Bancario.

    Que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en el marco de la protección de los usuarios usuarias y clientes, debe velar por un desarrollo armónico y ordenado de los servicios, a los fines que éstos cubran racionalmente las expectativas de crecimiento de la demanda logrando mayor seguridad para los consumidores.

    Que el impacto y la aplicabilidad de las nuevas tecnologías en el sector financiero, afectan la forma en que se relacionan los sujetos que participan en la prestación del servicio bancario.

    Que los avances en el campo de la tecnología de información lidera el ritmo en que se desarrollan nuevos productos financieros y formas de hacer negocio y en consecuencia el sector bancario ha tenido que mantener este ritmo de desarrollo y adoptar nuevas tecnologías financieras (FINTECH), las cuales han experimentado un rápido crecimiento, conllevando un cambio en la metodología de los procesos y servicios de las instituciones bancarias tradicionales e introduciendo nuevos actores en el sector.

    Que la superintendencia debe regular la tendencia antes descrita, las cuales se circunscriben a nuevos productos diferentes a los ofrecidos en la banca tradicional, nuevas formas de proporcionar servicios mediante el uso exclusivo de tecnología, ofrecido a través de empresas emergentes denominadas Startup, como una organización con una creciente capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios de gran innovación, que en el escenario bancario se distinguen como Instituciones de Tecnología Financiera del Sector Bancario (ITFB), encaminadas a que dicho sector sea más eficiente, seguro e incluyan a grandes sectores de la población venezolana.

    Que el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), mediante el Punto de Cuenta N° 001 de fecha 4 de Enero de 2021, aprobó fijar mediante normativa prudencial emitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario las normas que regulan los Servicios de Tecnología Financiera (FINTECH).

    RESUELVE

    Dictar las siguientes:

    «NORMAS QUE REGULAN LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA FINANCIERA DEL SECTOR BANCARIO (FINTECH)»
  • Fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo 18-12-2020 en Español Traducción Libre @RaymondOrta
    Fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo 18-12-2020 en Español Traducción Libre Raymond Orta
    www.grafotecnica.com
    18 DICIEMBRE 2020

    JUICIO

    LAUDO ARBITRAL DE 3 DE OCTUBRE DE 1899

    SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTUBRE 1899 (GUYANA c. VENEZUELA)


    18 DÉCEMBRE 2020


    ARRÊT


    TABLA DE CONTENIDO

    Párrafos

    CRONOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO 1-22

    I. INTRODUCCIÓN 23-28

    II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y HECHOS 29-60

    A. El Tratado de Washington y el Laudo de 1899 31-34

    B. El repudio de Venezuela al Laudo de 1899 y la búsqueda de
    una solución de la controversia 35-39

    C. La firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 40-44

    D. La aplicación del Acuerdo de Ginebra 45-60

    1. La Comisión Mixta (1966-1970) 45-47

    2. El Protocolo de Puerto España de 1970 y la moratoria establecida 48-53

    3. Desde el proceso de buenos oficios (1990-2014 y 2017) hasta la toma de
    la corte 54-60

    III. INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO DE GINEBRA 61-101

    A. La "controversia" en el marco del Acuerdo de Ginebra 64-66

    B. Si las Partes dieron su consentimiento al arreglo judicial de la
    controversia en virtud del párrafo 2 del artículo IV del Acuerdo de Ginebra 67-88

    1. Si la decisión del Secretario General tiene carácter vinculante 68-78

    2. Si las Partes consintieron en la elección del Secretario General
    de arreglo judicial 79-88

    C.Si el consentimiento otorgado por las Partes al arreglo judicial de
    su controversia en virtud del párrafo 2 del artículo IV de las
    El acuerdo está sujeto a las condiciones 89-100

    IV. JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL 102-115

    A. La conformidad de la decisión del Secretario General de 30 de enero
    2018 con el artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra 103-109

    B. El efecto jurídico de la decisión del Secretario General de 30 de enero
    2018110-115

    V. SEISIN DE LA CORTE 116-121

    VI. ALCANCE DE LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL 122-137

    CLÁUSULA RESOLUTIVA 138

    Traducción Raymond Orta Martinez
  • Inteligencia Artificial y Derecho Panel - Parte 2 - 1ra. Conferencia INVEDET 2020
    Inteligencia Artificial y Derecho
    Audio 2 de la I Conferencia del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología INVEDET
    Invedet Encuentro Internacional 2020

    Contenido

    Panel 2 – Moderador: Luis Ernesto Rodríguez Carrera

    Juan José Bolinaga – “Con la Inteligencia Artificial ¿los buques continuarán siendo buques?”
    María Alejandra Ruiz – “Consideraciones sobre la Inteligencia Artificial y arbitraje”
    Luciana B. Scotti – “La implementación de la inteligencia Artificial en el proceso judicial (Perspectiva del derecho argentino en general y del DIPr en especial)”
    Teresa Rodríguez De Las Heras – “Repensando las reglas de la responsabilidad ante la Inteligencia Artificial: una visión europea”
    Preguntas y respuestas
  • Inteligencia Artificial y Derecho Panel - Parte 1 - 1ra. Conferencia INVEDET 2020
    Inteligencia Artificial y Derecho #ia
    Audio 1 de la I Conferencia del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología INVEDET
    Invedet Encuentro Internacional 2020
    Contenido
    Raymond Orta Martínez – Presentación del INVEDET y bienvenida a la Conferencia
    Panel 1 – Moderador: Mario Andrés Brando
    Daniel Hernández Torres – “El concepto jurídico de la Inteligencia Artificial y la persona electrónica”
    Diego Fernández – “Una visión global de los desafíos de la inteligencia artificial, con una mirada desde la Argentina”
    Fabrício Pasquot Polido – “Inteligencia Artificial y Derecho (perspectiva brasileña)”
    Maiger Dalay Urbina – “Inteligencia Artificial y el Derecho Internacional Público: ¿paz o pugna?”
    Ninoska Rodríguez Laverde – “Propiedad intelectual, transferencia de conocimiento e inteligencia Artificial”
    Preguntas y respuestas
  • Providencia 016 sobre Normas SUSCERTE sobre modelo de Certificación Electrónica de la Ley Mensajes de Datos y Firmas Electronicas
    Providencia Nº 016, por la cual se establecen las Normas Técnicas bajo las cuales esta Superintendencia, coordinará e implementará el modelo jerárquico de la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, para que los Proveedores de Servicios de Certificación Acreditados, emitan los certificados electrónicos en el Marco del Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas

    (Gaceta Oficial Nº 38.636 del 2 de marzo de 2007)

    República Bolivariana de Venezuela

    Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática

    Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica

    Fecha: 05 de febrero de 2007

    Nº 016

    196º y 147º

    PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
  • Providencia Nº 009-10, mediante la cual se dicta la normativa de clasificación y tratamiento de la información en la Administración Pública
    Providencia Nº 009-10, mediante la cual se dicta la normativa de clasificación y tratamiento de la información en la Administración Pública
  • Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado
    Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado

    (Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012)

    Decreto N° 9.051 15 de junio de 2012

    HUGO CHAVEZ FRÍAS

    Presidente de la República

    Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el numeral 2, literal b del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros,

    DICTA

    El siguiente,

    DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY SOBRE ACCESO E INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS ENTRE LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL ESTADO

    TÍTULO I

    DISPOSICIONES GENERALES

    Artículo 1

    Objeto

    El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las bases y principios que regirá el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado, con el fin de garantizar la implementación de un estándar de interoperabilidad.
  • Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos Venezuela
    Audio Cortesia de Audio Ley punto Com
    Derechos Reservados Raymond Orta
    experticias ounto com y informatica forense punto com

    Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos
    Gaceta Oficial Nº 6.583 Extraordinaria del 12 de octubre de 2020

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

    ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

    La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el treinta de julio de dos mil diecisiete en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el Pueblo venezolano como depositario del poder originario.

    DECRETA

    la siguiente,

    LEY CONSTITUCIONAL ANTIBLOQUEO PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Ley de Telesalud
Ley de Telesalud

Gaceta Oficial No. 6.207 Extraordinaria del 28 de Diciembre de 2015

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Objeto de la Ley

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto establecer los principios,  bases, lineamientos, metas, y el correspondiente  seguimiento de las políticas sobre la organización y funcionamiento del Subsistema  de Telesalud, proporcionando la cobertura,  la calidad y oportunidad de un eficiente acceso a la salud, mediante el apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones, acordes y adaptadas a nuestras realidades de tecnología, conectividad virtual y nivel científico en el territorio nacional.


Finalidad

Artículo 2.- La presente Ley tiene como finalidad determinar las estrategias,  objetivos,  control,  universalización  y  funcionamiento en la prestación de los servicios tecnológicos, técnicos y de comunicaciones para el desarrollo de la Telesalud, en el Sistema Público Nacional de Salud, así como los deberes, derechos y garantías de sus beneficiarios y de los prestadores de servicio, incluyendo el Poder Popular,  sin perjuicio de lo establecido en las Leyes Orgánicas que regulan las materias de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, Telecomunicaciones, Educación, Educación Superior, y todas aquellas relacionadas con el Subsistema de Telesalud.


Principios

Artículo 3.-  El Subsistema de Telesalud es un servicio de carácter público, de función social y de interés general,  que se desarrolla bajo los principios de universalidad, pertinencia social, interculturalidad, solidaridad, equidad, gratuidad,  transparencia, eficiencia, participación protagónica, corresponsabilidad, simplicidad, cooperación intersectorial  e  internacional para el intercambio de experiencias en el ámbito del Objeto de la presente Ley.

Educación en el Subsistema  de Telesalud


Artículo 4.-  El Estado, a través del órgano con competencia en materia de salud, y en coordinación con los órganos en materia de educación universitaria, debe promover e incorporar  la Telesalud en sus unidades curriculares,  en las áreas de salud,  de administración y en las áreas de tecnologías de información y comunicaciones.
Definiciones

Artículo 5.-  A los efectos de la presente Ley se entiende por:

1. Servicios de telesalud: Conjunto de acciones, actividades y herramientas dirigidos y organizados con propósitos educativos, de investigación, vigilancia epidemiológica, asistencia médica, gestión de programas y trabajo en salud pública,  realizados a distancia y asistidos por tecnologías de información y comunicaciones, y desarrolladas por servidores competentes en el área de salud.
2. Teleeducación en salud: La práctica educativa a distancia con propósitos para mejorar la salud integral de colectivos y personas, y las capacidades de servidores y servidoras  a
través del acceso y uso de las tecnologías de información y comunicaciones.
3. Servicios de telemedicina: El uso combinado de tecnologías de información  y  comunicaciones con propósitos de promoción de la salud,  prevención  y  diagnóstico  oportuno,  y tratamiento y rehabilitación de individuos, familias y colectividades, a distancia, orientado por protocolos y pautas establecidos por el ente rector en materia de salud.
4. Servicio de teleconsultoría: Es la comunicación entre dos o más médicos o servidores de la salud a distancia,  mediante el uso de  las tecnologías de información y comunicaciones, a fin de compartir experiencias y conocimientos en torno a un caso concreto.
5. Servicio de teleconsulta: Es la interacción remota asistida por tecnologías de información y comunicaciones que conlleva una acción de comunicación registrada y realizada entre usuarios y usuarias, así como servidores y servidoras en sus áreas de competencia,  a través del Subsistema de Telesalud,  con el fin de orientar sobre procedimientos clínicos, de salud pública, organización, planificación y gestión del trabajo, a distancia y asistidos por tecnologías de información y comunicaciones.

6. Telediagnóstico: Diagnóstico resultante de una consulta en el caso de pacientes que han accedido a la Telemedicina.

7. Teleatención: Cuidado de pacientes en estructuras de salud de baja complejidad, en unidades ambulatorias o a domicilio, asistidos remotamente por profesionales de salud, gracias al uso de aplicaciones de las tecnologías de información y comunicaciones.

8. Teleadministración: Es la administración a distancia  de procesos como control de citas, historias médicas, inventarios y planeación estratégica, seguimiento de epidemias, catástrofes u otros hechos de características similares.

9. Telerradiología:  Tratamiento digital, de las imágenes a través de la  informática, a fin de facilitar el proceso de captura de información.
10.Tecnologías de información y comunicación: Tecnologías destinadas a la aplicación, análisis, estudio, y procesamiento de forma automática de información. Esto incluye procesos de obtención, creación, cómputo, almacenamiento, modificación, manejo, movimiento, transmisión, recepción, distribución, intercambio, visualización, control y administración, en formato electrónico, magnético, óptico, o cualquier otro medio similar o equivalente que se desarrolle en el futuro, que involucren el uso de dispositivos físicos y lógicos, facilitando la gestión de información rápida y segura.
Regulación de servicios de telesalud

Artículo 6.-  El Estado, a través del órgano rector en salud, regulará la actividad de los servicios del Subsistema de Telesalud desarrollados por el sector privado con el objeto de garantizar la disposición de la información relacionada con epidemias, enfermedades, virus y otros tipos de patologías, con la finalidad realizar políticas públicas necesarias para su control y erradicación.
Participación popular

Artículo 7.- El servicio público del Subsistema de Telesalud funcionará con la participación de las comunidades organizadas del
Poder Popular  a través de los Comités de Salud de la territorialidad, definidas  en  Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) así como en los Distritos y Direcciones Regionales de Salud y demás dependencias del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en conjunto con los Comités de Telecomunicaciones.
Autorización del usuario, usuaria o su representante  legal a los servicios de telesalud 

Artículo 8.- La prestación de servicios de Telesalud por parte de servidores o servidoras que conlleve consultas con propósitos asistenciales o de telemedicina requerirá de autorización previa bajo consentimiento, informado y por escrito, del paciente o del representante legal en el caso e menores de edad, entredichos inhabilitados, con excepción de aquellos casos en que sea imposible la obtención de la prenombrada autorización.
Protección y seguridad de la información

Artículo 9.-  Los usuarios y usuarias,  beneficiaros y beneficiarias de los servicios de Telesalud tienen el derecho a que los datos suministrados por ellos y ellas mantengan el carácter reservado, siendo prohibido su uso con fines distintos a los servicios de Telesalud para los que son aportados. En consecuencias está prohibida la violación de la privacidad y es vinculante el anonimato y confidencialidad de la data manejada por los prestadores y prestadoras.
Quienes tengan acceso a la información establecida en el presente artículo están obligados al mantenimiento de medios de protección que garanticen el estado de inviolabilidad, de influencia de actos hostiles específicos que puedan propiciar el acceso no autorizado a la información o que afecten la operatividad de las funciones del sistema
de computación bajo los principios de confidencialidad, integridad, privacidad y disponibilidad de la información.

 TÍTULO II DE LA ORGANIZACIÓN EN EL PODER PÚBLICO DEL SUBSISTEMA DE TELESALUD

Capítulo I Del Consejo Nacional del Subsistema  de  Telesalud

Creación

Artículo 10.- Se crea el Consejo Nacional del Subsistema de Telesalud, como máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relativos al objeto de la presente Ley y a todas aquellas materias que se relacionan con el Subsistema.

El Consejo Nacional del Subsistema de Telesalud es presidido por el vicepresidente o vicepresidenta de la República y  tendrá como fin promover y consolidar el uso, desarrollo, implementación y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, telecomunicación y aquellas materias relacionadas con el Subsistema de Telesalud, el cual es integrante del Sistema Público Nacional de Salud,  mediante la coordinación de las acciones que al efecto se establezcan. 

Conformación Artículo 11.-  El Consejo Nacional del Subsistema de Telesalud está integrado por:

1. La vicepresidencia ejecutiva de la República, en su condición de órgano directo y colaborador del Presidente o Presidenta de la República, y órgano rector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
2. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Salud.
3. El Ministerio del Poder Popular con competencia  en Tecnologías de Información.
4. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Comunas.
5. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Educación Superior.
6. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
7. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Defensa.
8. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Telecomunicaciones.

Competencias

Artículo 12.-   El Consejo Nacional del Subsistema de Telesalud tiene las siguientes competencias:
1. Promover el adecuado uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicaciones en el Subsistema de Telesalud.
2. Establecer lineamientos, políticas y estrategias para el acceso, uso, promoción y desarrollo del Subsistema  de Telesalud.
3. Impulsar la mejora  y calidad de los servicios públicos que se presten mediante el Subsistema a las personas.
4. Garantizar la confidencialidad de los datos proporcionados por los usuarios del Subsistema, a fin de proteger el derecho a la
privacidad.
5. Garantizar que los programas y proyectos que se implementen en el Subsistema de Telesalud contemplen los requerimientos para su implantación y sustentabilidad, con base en la provisión de las capacidades financieras, institucionales y de talento humano que resulten necesarias.
6. Proponer ante las autoridades competentes el marco normativo necesario para garantizar el desarrollo del Subsistema de Telesalud en el territorio nacional.
7. Dictar las normas necesarias para su funcionamiento, pudiendo delegar éstas en la Comisión Nacional de Telesalud.
8. Todas aquellas materias que de acuerdo a la presente Ley sean inherentes al Consejo.
Capítulo II Del Órgano Rector
Rector del Subsistema de Telesalud

Artículo 13.-  El ministerio con competencia en Salud es el órgano rector en el Subsistema de Telesalud, y establecerá las políticas, lineamientos y estrategias con la estrecha colaboración de los ministerios con competencia en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, Telecomunicaciones, Educación, Educación Superior, Defensa, e Interior, Justicia y Paz,  y la Vicepresidencia de la República, órgano al cual está adscrito la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a fin de lograr el acceso y funcionamiento en la prestación de los servicios tecnológicos, técnicos, de comunicaciones e infraestructura para el desarrollo de la Telesalud, así como los
deberes, derechos y garantías de sus beneficiarios y de los prestadores de servicio,  en todas aquellas actividades que se requieran y que estén  relacionadas con el Subsistema de Telesalud.

Capítulo III De la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud

Creación

Artículo 14.- Se crea la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud, como un instituto público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, con competencias financieras, administrativas, presupuestarias,  técnicas, normativas y de gestión de recursos, las cuales serán ejercidas de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidos por el órgano de adscripción en coordinación con la Comisión Central de Planificación, con los privilegios y prerrogativas de la República, y estará adscrito al ministerio con competencia en Salud. Dicho Instituto tendrá su sede en la ciudad de Caracas, y creará direcciones regionales para la consecución de sus actividades en el resto del territorio nacional.

Competencias de la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud  Artículo 15.- Son competencias de la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud:

1. Coordinar las estrategias, planes y programas requeridos para la consolidación del Subsistema de Telesalud, conjuntamente con el ministerio con competencia en materia de salud.

2. Elaborar el Plan Nacional del Subsistema de Telesalud, alineado con las directrices establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás planes de la Nación, en coordinación con el ministerio con competencia en materia de planificación pública, de conformidad con la normativa aplicable.

3. Establecer las normas de funcionamiento del servicio y garantizar la correcta aplicación de las mismas.

4. Crear las distintas instancias en el ámbito político territorial, a fin de optimizar el servicio de Telesalud.

5. Crear los cargos profesionales, técnicos y administrativos que correspondan y asignarlos, salvo aquellos cuya asignación requiera de concurso o contrato, previa autorización del órgano rector.

6. Establecer las políticas, estrategias, lineamientos y realizar su correspondiente seguimiento en materia de acceso, desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el Poder Público, a fin de prestar un eficiente servicio de Telesalud.

7. Garantizar la modernización y mantenimiento continuo de la plataforma tecnológica en los establecimientos del Sistema Público Nacional de Salud, de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Reglamento y Normas Técnicas vinculados a la presente Ley y a las leyes pertinentes sobre la materia.

8. Administrar la partida presupuestaria y sus ingresos establecidos en la presente Ley,  en función de la optimización del servicio.

9. Establecer, de manera coordinada con el órgano con competencia en certificación electrónica, las políticas, estrategias, lineamientos y regulaciones en materia de seguridad informática en el Subsistema.

10. Implantar mecanismos de convenio para la coordinación e intercambio con el Sistema Público Nacional de Salud y con el Poder Popular, así como con instituciones privadas, nacionales e internacionales, especializadas en el servicio de Telemedicina,  con el objeto de mejorar la gestión nacional y compartir experiencias.

11. Promover el acceso a la población a los servicios que presta el Subsistema de Telesalud mediante la teleeducación, a través de la participación protagónica de los consejos comunales y  de cualquier otra forma del Poder Popular en coordinación con los ministerios con competencia en Educación y Educación Superior.

12. Promover la educación de los profesionales en carreras relacionadas con la salud, en lo referente al uso de las tecnologías de información y comunicaciones para una eficiente prestación del servicio de Telesalud.

13.Coordinar con el ministerio con competencia en Educación Universitaria, la incorporación en los planes de formación las áreas de salud y de tecnologías de información y comunicaciones, unidades curriculares para la formación académica y formación en el trabajo en el área Telesalud; igualmente asegurar que los funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas del servicio del Subsistema de Telesalud adquieran las competencias y habilidades necesarias para cumplir sus roles de forma efectiva, a través de programas de educación, entrenamiento y formación continua en tecnologías de información y comunicaciones.

14. Participar, en nombre de la República, en reuniones, encuentros y congresos sobre puntos relativos a telesalud y telemedicina que ayuden a intercambiar la información relativa a las mejores prácticas y a las razones de éxitos o  fracasos de los diferentes proyectos de telesalud y telemedicina en otros países.

15. Solicitar al Ministerio del Poder Popular para la Salud,  el estatus de su infraestructura y recursos tecnológicos de los ambulatorios, centros asistenciales, de los hospitales y los  Centros de Diagnóstico Integral, a fin de ejercer los correctivos e instalar la plataforma para la efectiva prestación del servicio de Telesalud.

16. Velar para que los planes y proyectos que se implementen estén alineados con las políticas nacionales de salud, y en concordancia con los avances  en tecnologías de información y comunicaciones.

17. Elaborar el Plan Nacional del Subsistema de Telesalud, previa aprobación del Consejo Nacional del Subsistema de Telesalud, alineado con las  directrices establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás planes de la nación, en coordinación con el ministerio con competencia en materia de Planificación Pública, de conformidad con la ley aplicable.

18. Colaborar en la formulación de las políticas, estrategias y lineamientos en materia de regulación y acceso de la población al Subsistema de Telesalud.

19. Establecer las políticas, estrategias y lineamientos en materia de prevención y seguimiento de epidemias y pandemias a fin de realizar las acciones correspondientes para evitarlas o erradicarlas.

20. Impulsar la mejora de la gestión pública y la calidad de los servicios públicos que se presten a las personas, en lo que al Subsistema de Telesalud se refiere.

21.Llevar un registro pormenorizado de citas, historias médicas, inventarios de medicamentos, camas disponibles, a fin de garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la salud.
22. Garantizar, conjuntamente con los ministerios con competencia en Defensa, e Interior Seguridad y Paz, el traslado
de aquellos pacientes que se encuentren en lugares remotos y que requieran  atención especializada.
23. Definición del mapa de conectividad e interconexión, entendido éste como el medio para visualizar los niveles mínimos de atención en salud requeridos para el excelente servicio del Subsistema de Telesalud.
24. Promover una efectiva gestión de la seguridad de los datos para proteger los activos de información y minimizar el impacto en los servicios causados por vulnerabilidades o incidentes de seguridad. 25. Inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás instrumentos normativos en materia de su competencia.
26. Ejercer acciones administrativas o judiciales de cualquier índole para la salvaguarda y protección de sus derechos e intereses.
27. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás actos de carácter sublegal que dicten, y cuya vigilancia le competa.
28. Las demás que determine la Ley.

Patrimonio

Artículo 16.-  El patrimonio de la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud estará constituido por:
1. Los recursos anuales que le sean asignados en la Ley de Presupuesto;

2. otros ingresos y bienes que le puedan ser asignados o transferidos por órganos y entes del Poder Público;

3. los bienes provenientes de las donaciones, legados y aportes de carácter lícito;

4. los aportes realizados por el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), los cuales no podrán ser inferior al cinco por ciento (5%) de lo recaudado.

5. Los aportes realizados por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no podrán ser inferiores al 1% de lo recaudado.

6. Los aportes del Fondo del Servicio Universal de Telecomunicaciones, el cual no podrá ser inferior al 1% de lo recaudado y tendrá la finalidad de subsidiar los costos de infraestructura necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal del Subsistema de Telesalud.

7. los demás bienes que adquiera por cualquier título.

Dirección de la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud 

Artículo 17.-  La Dirección de la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud estará a cargo de un Consejo Directivo,  integrado por un director o directora general, quien presidirá el Instituto, y seis directores o directoras, quienes serán postulados por los ministerios con competencia en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, Telecomunicaciones, Educación, Educación Superior, Defensa, Interior, Justicia y Paz, y la Vicepresidencia de la República. Los directores o directoras son de libre nombramiento y remoción del Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, cada uno de los cuales tendrá un suplente, designado de la misma forma, quien llenará las faltas temporales. Las ausencias temporales del director o directora general serán suplidas por el director o directora principal que éste designe.

Cuórum

Artículo 18.- El Consejo Directivo sesionará válidamente con la presencia del director o directora general o quien haga sus veces y tres directores o directoras. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los miembros del Consejo cuando se encuentren presentes todos sus integrantes, y por unanimidad cuando acudiere a la sesión  el cuórum mínimo. El régimen ordinario de sesiones del Consejo Directivo lo determinará el reglamento interno que dictará dicho ente.

Prohibición para integrar el Consejo Directivo

Artículo 19.-  No podrán ser designados director o directora general o miembros del Consejo Directivo ni suplentes:

1. Las personas que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sean cónyuges del Presidente o Presidenta de la República, del vicepresidente o vicepresidenta de la República o de la máxima autoridad del órgano rector o de algún miembro  de los ministros postulantes.

2. Quienes en beneficio propio o de un tercero, directa o mediante personas interpuestas, hayan celebrado contratos de obra o de suministro de bienes o servicios con la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud y no los hayan finiquitado en el año inmediatamente anterior a sus designaciones.

3. Quienes tengan conflicto de intereses con el cargo a desempeñar.

4. Las personas que hayan sido declaradas en estado de quiebra, culpable o en estado fraudulento, y los condenados por delitos contra el patrimonio público.
Responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo Articulo 20.-  Los miembros del Consejo Directivo serán responsables civil, penal, disciplinaria y administrativamente de las decisiones adoptadas en sus reuniones de acuerdo con las leyes que rigen la materia, salvo que hayan hecho constar su voto negativo debidamente razonado.

CAPÍTULO IV De las Atribuciones de la  Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud

Atribuciones del director o directora general

Artículo 21.- Corresponde al director o directora general de la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud:

1. Ejercer la representación del Instituto y emitir los lineamientos para organizar, administrar, coordinar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.
2. Autorizar la realización de inspecciones y levantar diagnósticos en los dispensarios de salud creados para la prestación del servicio del Subsistema de Telesalud.
3. Ordenar la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos sancionatorios.
4. Nombrar, remover o destituir al personal del Instituto y ejercer la potestad disciplinaria, de conformidad con el correspondiente estatuto.
5. Celebrar en nombre del Instituto, previa aprobación del Consejo Directivo, convenios y contratos con organismos nacionales e internacionales, de conformidad con la ley.
6. Dictar los lineamientos generales para la elaboración del proyecto de presupuesto, el plan operativo anual y el balance general del Instituto, y someterlo a la aprobación del Consejo Directivo, de conformidad con la ley.
7. Otorgar poderes para la representación judicial y extrajudicial del Instituto.
8. Delegar atribuciones para la firma de determinados documentos, en los casos que determine el reglamento interno del Instituto.
9. Ejercer las competencias del Instituto que no estén expresamente atribuidas a otra autoridad.
10. Elaborar y presentar el proyecto del reglamento interno del Instituto a la consideración del Consejo Directivo.
11. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo, así como suscribir los actos y documentos que emanen de sus decisiones.
12. Presentar la memoria y cuenta del Instituto a consideración del Consejo Directivo y del ministerio con competencia en materia de salud.
13. Las demás que le confieran la Ley y los reglamentos.

Régimen de los funcionarios y funcionarias

Artículo 22.-  Los funcionarios y funcionarias de la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud se regirán por el Estatuto de la Función Pública, salvo disposiciones especiales que el Ejecutivo Nacional decida sobre el reclutamiento,  selección, ingreso, el desarrollo, la evaluación, los ascensos, los traslados, las suspensiones en el ejercicio de los cargos, la valoración de los cargos, las escalas de remuneraciones y el egreso. Las materias enumeradas en este artículo son de orden público; no pueden renunciarse ni relajarse por convenios individuales o colectivos, ni por actos de las autoridades de la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud. En cuanto a los obreros que presten sus servicios a la Comisión Nacional del Subsistema de Telesalud, al igual que el personal contratado, sea a tiempo indeterminado o determinado, se regirán por lo establecido  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

TÍTULO III Disposición Transitoria y Final

Capítulo I Disposición Transitoria

Artículo 23.-  El Ejecutivo Nacional, en un término no mayor de seis meses de la publicación de la presente Ley, deberá reglamentarla, a fin de desarrollar sus  lineamientos.

Capítulo II Entrada en vigencia de la presente Ley

Artículo 24.- La presente Ley entrará en vigencia a los nueve meses de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.