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28 Septiembre 2021

• LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES
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  Derechos Reservados @ Raymond Orta
  
  
  Gaceta Oficial N° 6.645 Extraordinario 17 de septiembre de 2021
  ASAMBLEA NACIONAL
  Ley de Reforma de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y
  Demás Sujetos Procesales.
  
  LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES
  Capítulo I Disposiciones Generales
  Objeto
  
  Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto proteger los derechos e intereses de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales, así como regular las medidas de protección, en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimiento.
  
  Competencia Artículo 2. Son competentes para la aplicación de la presente Ley, el Ministerio Público y los tribunales respectivos.
  Medidas
  
  Artículo 3. Las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley tienen el deber de instrumentar todo tipo de medidas para el cumplimiento de la misma. Las medidas podrán ser informales, administrativas, judiciales y de cualquier otro carácter en procura de garantizar los derechos de las personas protegidas.
  Destinatarias y destinatarios de la protección
  
  Artículo 4. Son destinatarias y destinatarios de la protección prevista en esta Ley, todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su intervención actual, futura o eventual, en el proceso penal, por ser víctima directa o indirecta, testigo, experta o experto, funcionaria o funcionario del Ministerio Público o de los órganos de policía, y demás sujetos, principales y secundarios, que intervengan en ese proceso.
  Las medidas de protección pueden extenderse a los familiares, por
  
  parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y a quienes por su relación inmediata de carácter afectivo, con quienes se señalan en el párrafo anterior, así lo requieran.
  
  
  Víctimas Artículo 5. Se consideran víctimas directas, a los efectos de la presente Ley, las personas que individual o colectivamente hayan sufrido cualquier tipo de daños físicos o psicológicos, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente.
  De igual forma, se consideran víctimas indirectas a las y los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
  Víctimas especialmente vulnerables
  
  Artículo 6. Las ejecutoras o ejecutores de lo dispuesto en la presente Ley deben prestar especial atención a las personas adultas mayores, con discapacidad, niñas, niños y adolescentes y personas víctimas de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar.
  Los pueblos y comunidades indígenas víctimas de delito, individual o
  colectivamente, deben estar protegidos siguiendo sus propias normas de administración de justicia, así como sus diferencias socio-culturales, cosmovisión y patrones de asentamiento sobre las cuales se encuentre la jurisdicción especial indígena que le corresponde. La funcionaria o funcionario que le compete conocer del caso deberá solicitar la opinión de las autoridades propias de estos pueblos y comunidades en base a sus tradiciones ancestrales, así como el respectivo informe socio-antropológico que dé cuenta de la visión intercultural que debe prevalecer y el servicio de intérprete en todo el proceso penal.
• Ley De Regulación Del Arrendamiento Inmobiliario Para El Uso Comercial en Venezuela
  LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL
  
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  Gaceta Oficial Nº 40.418 del 23 de mayo de 2014
  
  REPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA
  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
  DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL
  
  Buena parte de las actividades económicas que permiten facilitar el acceso de los venezolanos y venezolanas a bienes y servicios se desempeñan en establecimientos adecuados de manera especial para la venta de productos o la prestación del servicio. Estos establecimientos se ubican en inmuebles cuyas características, uso y destino difieren de las que detentan otras edificaciones, como las viviendas y la infraestructura pública.
  
  Por lo anterior, quienes desempeñan actividades comerciales o de servicios necesitan acceder al sector inmobiliario, cuyo comportamiento es distinto al de los propios sectores comercial, industrial y de servicios. Tradicionalmente, los propietarios de inmuebles procuran obtener una renta sobre la base del capital representado en sus edificaciones, bien desempeñando en ellos alguna actividad productiva, o dándolos en alquiler a terceros para que éstos desempeñen tales actividades, a cambio de una remuneración, proporcional al "valor" del inmueble, considerada su vida útil.
  
  Sin embargo, es evidente que el sector inmobiliario Nacional, especialmente el dedicado al arrendamiento con fines comerciales o de servicios ha tenido en los últimos años un comportamiento especulativo, procurando una participación mayoritaria en los beneficios obtenidos por quienes desempeñan las actividades verdaderamente productivas, argumentando el aumento de los costos de construcción y, por ende, del valor "real" de sus inmuebles, a pesar de un escenario en el que la gran mayoría de los materiales e insumos de construcción están sometidos a regulaciones de precio justo y las importaciones de maquinarias y equipos exoneradas de tributos nacionales. Ante situaciones como éstas, es deber ineludible del Estado venezolano procurar el equilibrio entre las partes del Juego económico, estableciendo regulaciones que permitan crear la igualdad ante la Ley que consagra el texto constitucional, que no es otra que aquella que permite iguales condiciones de desarrollo y de participación en el acceso a la riqueza nacional, a través de mecanismos de compensación de diferencias que otorgan al sujeto menos favorecido una protección especial, permitiendo el libre desenvolvimiento de las relaciones económicas particulares en una verdadera situación de equilibrio.
  
  
  
  Así, los estudios, análisis y debates con los distintos sectores, llevadas a cabo por el Gobierno Bolivariano permitieron identificar una alta e importante incidencia del costo por arrendamiento inmobiliario en las estructuras de costo de los prestadores de servicios y oferentes de bienes, principalmente en los grandes centros comerciales. Este alto costo no tiene justificación alguna considerando que la renta que resulta del arrendamiento inmobiliario tiene su origen en la acumulación de capital, y no en un actividad realmente productiva que genere trabajo y, por tanto, riqueza.
  
  En tal sentido resultó, conclusión necesaria ordenar las relaciones que vienen estableciéndose entre comerciantes y propietarios de los inmuebles destinados al uso comercial, a fin de hacer claras, transparentes y estables las reglas de tales relaciones, impidiendo así que en situaciones de baja oferta de inmuebles o restricción de la oferta por razones de ubicación o prácticas desleales, los propietarios de las edificaciones, principalmente los grandes propietarios de establecimientos en multipropiedad, se encontrarán en una situación de ventaja frente al comerciante.
  
  Por otro lado, así como el arrendatario requiere esa protección especial, la reconstrucción y bienestar del sector inmobiliario depende en buena medida de reglas claras, y de un régimen jurídico y administrativo que impida que las prácticas aisladas de incumplimiento intencional, fraudes y otras desviaciones de los arrendatarios desmotiven la construcción de establecimientos para el uso comercial y de servicios, su adecuación y mantenimiento. De esta manera, el sistema de arrendamientos inmobiliarios se complementa con funciones suficientes a cargo de un órgano especializado en la actividad comercial, mejorando la actuación administrativa, el control y el estímulo estatal. Así, la protección a las partes, las reglas claras y un mejor desempeño institucional, promoverán un empuje consistente en el sector de arrendamientos inmobiliarios de uso comercial y de servicios.
  
  Las labores de fiscalización y control dirigidas a detectar conductas irregulares que perturben el normal desenvolvimiento de la economía nacional, han sido normadas de manera especial en el instrumento presentado en esta ocasión, incorporando fórmulas de participación democrática como los Comités Paritarios de Administración de Condominio, instancias de coordinación entre propietarios y arrendatarios que permitirá la toma consensuada de decisiones, favorables de forma equitativa para todas las partes. Estas fórmulas participativas garantizan la construcción del socialismo en sectores donde tradicionalmente se pensó que las particularidades de las relaciones sociales de producción entre los sujetos del sector impedirían la práctica socialista. Ello demuestra que la suprema felicidad social del pueblo, la sociedad igualitaria, incluyente, productiva, humanista y el desarrollo de todas y de todos es posible en todos los sectores y actividades, sustentado en el rol del Estado democrático y social de derecho y justicia, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  
  El presente Decreto Ley, establece las condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, en procura de las relaciones arrendaticias justas y socialmente responsables en aras de garantizar y proteger los intereses de las venezolanas y venezolanos.
  
  Este Decreto Ley se estructura en diez (10) capítulos y cuarenta y cuatro (44) artículos, seis (06) Disposiciones Transitorias, dos (02) Disposiciones Derogatorias y una (01) Disposición Final, distribuidos de la siguiente manera:
  
  Capítulo I: DISPOSICIONES GENERALES, contentivo del objeto, ámbito de aplicación, el órgano y ente responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto Ley.
  
  Capítulo II: DE LA RELACIÓN ARRENDATICIA, relativa al vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio, así como los deberes y derechos generados en razón de dicha relación.
  
  Capítulo III: GARANTÍAS, establece que el arrendador podrá exigir al arrendatario garantías en respaldo de las obligaciones asumidas por éste, protegiendo a los sujetos de aplicación del Decreto Ley.
  
  Capítulo IV: DE LOS CONTRATOS, prevé los requisitos, estipulaciones que deben contener los mismos, así como la prorroga legal ante el vencimiento del contrato.
  
  Capítulo V: DE LOS CÁNONES, SU PAGO Y FIJACIÓN, donde establece que se efectuará el canon de arrendamiento, el plazo de prescripción, la obligación por parte del arrendador de entregar una factura legal y el método para la fijación del canon de arrendamiento.
  
  Capítulo VI: DE LOS SOBREALQUILERES Y GASTOS CONDOMINIALES, establece que todo lo que se cobre en exceso del canon máximo establecido, o lo cobrado por conceptos contrarios a este Decreto Ley, quedará sujeto a reintegro por parte del propietario, arrendador o recaudador.
  
  Capítulo VII: DE LA PREFERENCIA OFERTIVA Y EL RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, se regula lo relativo a la venta del inmueble destinado al uso comercial, previendo que la preferencia ofertiva la tenga el arrendatario, así como lo relativo al retracto legal en razón la violación de dicha preferencia.
  
  Capítulo VIII: DE LOS DESALOJOS Y PROHIBICIONES, prevé las causales de desalojo y las prohibiciones.
  
  Capítulo IX: DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, se establece la competencia a los Juzgados de Municipio, en relación a los actos administrativos que emanen del órgano rector en la materia.
  
  Capítulo X: SANCIONES, se establece que los sujetos de aplicación del Decreto Ley que incumplan con las estipulaciones previstas, serán sancionados por el órgano rector en la materia, o la instancia bajo su adscripción que este designe mediante multas. DISPOSICIONES TRANSITORIAS, se regula lo relativo al régimen transitorio a los contratos, se suspende la ejecución de medidas cautelares, se ordena la supresión de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat.
  
  DISPOSICIONES DEROGATORIAS, se derogan todas las normas que coliden con lo dispuesto en el presente Decreto Ley.
  
  DISPOSICIONES FINALES, se establece la entrada en vigencia del Decreto Ley.
• Normas que Regulan los Servicios de Tecnología Financiera del Sector Bancario FINTECH
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  Editor Raymond Orta @raymondorta.
  
  Normas que Regulan los Servicios de Tecnología Financiera del Sector Bancario (FINTECH)
  
  (Gaceta Oficial Nº 42.162 del 06 de julio de 2021)
  
  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
  
  MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
  
  SUPERINTENDENCIA DE LA INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO
  
  RESOLUCIÓN
  
  Número: 001-21
  
  Caracas, 4 de Enero de 2021
  
  211°, 162° y 22°
  
  Antonio Morales Rodríguez
  
  Superintendente (E) de las Instituciones del Sector Bancario
  
  En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 7, 69, 70 el numeral 1 del artículo 159, el numeral 14 del artículo 171 y el numeral 7 del artículo 172 del Decreto con Rango, Valor, Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.557 de fecha 8 de diciembre de 2014, las cuales establecen que toda persona natural o jurídica que realice actividades de intermediación o de servicios financieros auxiliares, requiere de autorización previa de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de acuerdo con las normas establecidas en el citado Decreto Ley y le otorgan a ésta la potestad de dictar las normas prudenciales necesarias para la regulación del ejercicio de las operaciones bancarias, sus servicios complementarios, su supervisión y aquellas relativas a los productos y servicios financieros, así como, regular todos aquellos elementos necesarios para garantizar los derechos de los usuarios y usuarias del sector bancario nacional, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 14 y el numeral 4 del artículo 20 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.578 de fecha 21 de diciembre de 2010,
  
  CONSIDERANDO
  
  Que el objeto principal del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario es garantizar el funcionamiento de un sector bancario sólido, transparente, eficiente, confiable y sustentable que contribuya con el desarrollo económico y social de la Nación, que proteja el derecho de la población venezolana de disfrutar de servicios bancarios modernos y de calidad en el Sistema Bancario.
  
  Que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en el marco de la protección de los usuarios usuarias y clientes, debe velar por un desarrollo armónico y ordenado de los servicios, a los fines que éstos cubran racionalmente las expectativas de crecimiento de la demanda logrando mayor seguridad para los consumidores.
  
  Que el impacto y la aplicabilidad de las nuevas tecnologías en el sector financiero, afectan la forma en que se relacionan los sujetos que participan en la prestación del servicio bancario.
  
  Que los avances en el campo de la tecnología de información lidera el ritmo en que se desarrollan nuevos productos financieros y formas de hacer negocio y en consecuencia el sector bancario ha tenido que mantener este ritmo de desarrollo y adoptar nuevas tecnologías financieras (FINTECH), las cuales han experimentado un rápido crecimiento, conllevando un cambio en la metodología de los procesos y servicios de las instituciones bancarias tradicionales e introduciendo nuevos actores en el sector.
  
  Que la superintendencia debe regular la tendencia antes descrita, las cuales se circunscriben a nuevos productos diferentes a los ofrecidos en la banca tradicional, nuevas formas de proporcionar servicios mediante el uso exclusivo de tecnología, ofrecido a través de empresas emergentes denominadas Startup, como una organización con una creciente capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios de gran innovación, que en el escenario bancario se distinguen como Instituciones de Tecnología Financiera del Sector Bancario (ITFB), encaminadas a que dicho sector sea más eficiente, seguro e incluyan a grandes sectores de la población venezolana.
  
  Que el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), mediante el Punto de Cuenta N° 001 de fecha 4 de Enero de 2021, aprobó fijar mediante normativa prudencial emitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario las normas que regulan los Servicios de Tecnología Financiera (FINTECH).
  
  RESUELVE
  
  Dictar las siguientes:
  
  «NORMAS QUE REGULAN LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA FINANCIERA DEL SECTOR BANCARIO (FINTECH)»
• Fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo 18-12-2020 en Español Traducción Libre @RaymondOrta
  Fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo 18-12-2020 en Español Traducción Libre Raymond Orta
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  18 DICIEMBRE 2020
  
  JUICIO
  
  LAUDO ARBITRAL DE 3 DE OCTUBRE DE 1899
  
  SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTUBRE 1899 (GUYANA c. VENEZUELA)
  
  
  18 DÉCEMBRE 2020
  
  
  ARRÊT
  
  
  TABLA DE CONTENIDO
  
  Párrafos
  
  CRONOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO 1-22
  
  I. INTRODUCCIÓN 23-28
  
  II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y HECHOS 29-60
  
  A. El Tratado de Washington y el Laudo de 1899 31-34
  
  B. El repudio de Venezuela al Laudo de 1899 y la búsqueda de
  una solución de la controversia 35-39
  
  C. La firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 40-44
  
  D. La aplicación del Acuerdo de Ginebra 45-60
  
  1. La Comisión Mixta (1966-1970) 45-47
  
  2. El Protocolo de Puerto España de 1970 y la moratoria establecida 48-53
  
  3. Desde el proceso de buenos oficios (1990-2014 y 2017) hasta la toma de
  la corte 54-60
  
  III. INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO DE GINEBRA 61-101
  
  A. La "controversia" en el marco del Acuerdo de Ginebra 64-66
  
  B. Si las Partes dieron su consentimiento al arreglo judicial de la
  controversia en virtud del párrafo 2 del artículo IV del Acuerdo de Ginebra 67-88
  
  1. Si la decisión del Secretario General tiene carácter vinculante 68-78
  
  2. Si las Partes consintieron en la elección del Secretario General
  de arreglo judicial 79-88
  
  C.Si el consentimiento otorgado por las Partes al arreglo judicial de
  su controversia en virtud del párrafo 2 del artículo IV de las
  El acuerdo está sujeto a las condiciones 89-100
  
  IV. JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL 102-115
  
  A. La conformidad de la decisión del Secretario General de 30 de enero
  2018 con el artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra 103-109
  
  B. El efecto jurídico de la decisión del Secretario General de 30 de enero
  2018110-115
  
  V. SEISIN DE LA CORTE 116-121
  
  VI. ALCANCE DE LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL 122-137
  
  CLÁUSULA RESOLUTIVA 138
  
  Traducción Raymond Orta Martinez
• Inteligencia Artificial y Derecho Panel - Parte 2 - 1ra. Conferencia INVEDET 2020
  Inteligencia Artificial y Derecho
  Audio 2 de la I Conferencia del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología INVEDET
  Invedet Encuentro Internacional 2020
  
  Contenido
  
  Panel 2 – Moderador: Luis Ernesto Rodríguez Carrera
  
  Juan José Bolinaga – “Con la Inteligencia Artificial ¿los buques continuarán siendo buques?”
  María Alejandra Ruiz – “Consideraciones sobre la Inteligencia Artificial y arbitraje”
  Luciana B. Scotti – “La implementación de la inteligencia Artificial en el proceso judicial (Perspectiva del derecho argentino en general y del DIPr en especial)”
  Teresa Rodríguez De Las Heras – “Repensando las reglas de la responsabilidad ante la Inteligencia Artificial: una visión europea”
  Preguntas y respuestas
• Inteligencia Artificial y Derecho Panel - Parte 1 - 1ra. Conferencia INVEDET 2020
  Inteligencia Artificial y Derecho #ia
  Audio 1 de la I Conferencia del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología INVEDET
  Invedet Encuentro Internacional 2020
  Contenido
  Raymond Orta Martínez – Presentación del INVEDET y bienvenida a la Conferencia
  Panel 1 – Moderador: Mario Andrés Brando
  Daniel Hernández Torres – “El concepto jurídico de la Inteligencia Artificial y la persona electrónica”
  Diego Fernández – “Una visión global de los desafíos de la inteligencia artificial, con una mirada desde la Argentina”
  Fabrício Pasquot Polido – “Inteligencia Artificial y Derecho (perspectiva brasileña)”
  Maiger Dalay Urbina – “Inteligencia Artificial y el Derecho Internacional Público: ¿paz o pugna?”
  Ninoska Rodríguez Laverde – “Propiedad intelectual, transferencia de conocimiento e inteligencia Artificial”
  Preguntas y respuestas
• Providencia 016 sobre Normas SUSCERTE sobre modelo de Certificación Electrónica de la Ley Mensajes de Datos y Firmas Electronicas
  Providencia Nº 016, por la cual se establecen las Normas Técnicas bajo las cuales esta Superintendencia, coordinará e implementará el modelo jerárquico de la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, para que los Proveedores de Servicios de Certificación Acreditados, emitan los certificados electrónicos en el Marco del Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas
  
  (Gaceta Oficial Nº 38.636 del 2 de marzo de 2007)
  
  República Bolivariana de Venezuela
  
  Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática
  
  Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica
  
  Fecha: 05 de febrero de 2007
  
  Nº 016
  
  196º y 147º
  
  PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
• Providencia Nº 009-10, mediante la cual se dicta la normativa de clasificación y tratamiento de la información en la Administración Pública
  Providencia Nº 009-10, mediante la cual se dicta la normativa de clasificación y tratamiento de la información en la Administración Pública
• Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado
  Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado
  
  (Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012)
  
  Decreto N° 9.051 15 de junio de 2012
  
  HUGO CHAVEZ FRÍAS
  
  Presidente de la República
  
  Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el numeral 2, literal b del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros,
  
  DICTA
  
  El siguiente,
  
  DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY SOBRE ACCESO E INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS ENTRE LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL ESTADO
  
  TÍTULO I
  
  DISPOSICIONES GENERALES
  
  Artículo 1
  
  Objeto
  
  El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las bases y principios que regirá el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado, con el fin de garantizar la implementación de un estándar de interoperabilidad.
• Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos Venezuela
  Audio Cortesia de Audio Ley punto Com
  Derechos Reservados Raymond Orta
  experticias ounto com y informatica forense punto com
  
  Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos
  Gaceta Oficial Nº 6.583 Extraordinaria del 12 de octubre de 2020
  
  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
  
  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
  
  La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el treinta de julio de dos mil diecisiete en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el Pueblo venezolano como depositario del poder originario.
  
  DECRETA
  
  la siguiente,
  
  LEY CONSTITUCIONAL ANTIBLOQUEO PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS